Más inspección y tasas más altas. Estas son las recetas de Izquierda Unida para acabar con la preocupante proliferación de vertederos industriales en Castilla-La Mancha, en los que más de dos tercios de los residuos proceden de otras comunidades autónomas. Y es que, como advierte su coordinador regional, Juan Ramón Crespo, «nos estamos convirtiendo en el basurero de España».
IU se aquí hace eco de la última denuncia hecha pública por Ecologistas en Acción, que avisa de que Castilla-La Mancha está ‘preparada’ a recibir casi 600.000 toneladas de residuos industriales al año.
Dato al que la formación de izquierda añade el descontrol que, a su juicio, existe a la hora de controlar qué se vierte y qué no. Y pone como ejemplo los casos de los incendios de Chiloeches y Señena, donde se quemaron productos químicos que deberían haber estado allí, con el consiguiente daño medioambiental que han traído consigo.
IU ve «insuficiente» la recientemente aprobada Ley de Economía Circular, que si bien prevé una tasa por vertido, aún esta sin concretar. Para Crespo, «es imprescindible que se realicen auditorías externas para conocer la situación de los residuos que entran y el tratamiento que se les da, y aún sería mejor que esa inspección se realizase directamente por parte de la Junta de Comunidades», señala Crespo.
Además, insiste en que se deberían incrementar las tasas para que Castilla-La Mancha «no sea atractiva» para la basura de otras comunidades.
En sentido, IUse han adherido a la petición hecha por Ecologistas en Acción de que se hagan públicos los datos de los residuos que se producen y que recibe la región, al igual que los resultados de las inspecciones sobre los residuos importados a través del Plan de Inspección Transfronterizo de residuos.
Derogar la ley del Tercer sector. En otro orden de cosas, IU vuelve a hacer constar su oposición por la también recientemente aprobada Ley del Tercer Social, que viene a regular las concesiones en materia de Bienestar Social.
De momento, esta formación ya ha presentado una batería de propuestas al proyecto de decreto por el que se regula el concierto social de Servicios Sociales a las personas de Castilla-La Mancha, actualmente en fase de información pública.
Como critica Crespo, «La Junta de Comunidades está deseando privatizar todo y, en este caso, los servicios sociales y dárselos a las grandes empresas». «Desde IU defendemos que estos servicios deben ser prestados desde lo público y queremos que la Junta de Comunidades, quien tiene las competencias, no debe ceder a las empresas privadas». Es más, su propuesta va más allá, al plantear la elaboración de una nueva Ley de Servicios Sociales, en la línea de otras comunidades autónomas, que «garantice el mantenimiento del sistema público de servicios sociales, sin incluir dentro del sistema a ninguna entidad privada, ni mercantil».