«Las cifras son inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada». Así de contundente lo expresa la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, tras la publicación de los datos relativos a 2019 de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En líneas generales, las condenas a los agresores están aumentando, a los juzgados llegan más denuncias y se tramitan más órdenes de protección, pero la otra cara de la problemática sigue mostrando que el número de víctimas se eleva, que hay más menores enjuiciados por esta causa, con lo que es necesario hacer más hincapié en la prevención con la población juvenil.

Tras un análisis de los datos, se podría decir con tranquilidad que Toledo está teniendo un buen comportamiento y una gran respuesta judicial. Los jueces de la provincia emitieron un buen número de sentencias a lo largo del año y  el 82,5% de los procesados por delitos relacionados con violencia contra la mujer fueron condenados en 2019, es decir, ocho de cada diez fallos emitidos, un 9,3% más respecto al año anterior. Además, también resultan llamativas las cifras, sobre todo, si te tiene en cuenta que en el conjunto de los órganos judiciales del país el 70,5%  de las sentencias consideraban culpable a los procesados.

Los datos tampoco han pasado desapercibidos para la presidenta del Observatorio, que siempre acompaña los boletines estadísticos con una reflexión, y esta vez destaca «la consolidación del aumento de las condenas» que se inició en 2018 y lo califica «de muy positivo». Este informe anual no profundiza sobre las condenas, pero sí señala la nacionalidad de los encausados. En el caso de Toledo,  el 80,5% de los enjuiciados condenados son españoles y el 90% extranjeros.

«No hay impunidad posible», suele insistir Carmona en cada entrega trimestral de la estadística respecto a los maltratadores y el buen funcionamiento «del Estado de Derecho», pero advierte que no se puede bajar la guardia porque las víctimas de violencia de género siguen en aumento en líneas generales, aunque en la provincia de Toledo las cifras del año pasado se mantienen prácticamente similares al año anterior, dado que los juzgados contabilizaron 1.701 víctimas el año pasado, siete menos que en 2018, con lo que la ratio es de 49,2 mujeres agredidas por cada 10.000 habitantes.  

Si bien es cierto, los datos judiciales ayudan a visibilizar la problemática y arrojar luz en este tema, pero las cifras son muy superiores a las oficiales porque muchas mujeres que sufren malos tratos por sus maridos, parejas, exmaridos o exparejas no denuncian su situación por miedo, por la situación económica o por dependencia emocional.

Las que dan el paso. Los juzgados de la provincia no van al mismo ritmo que la media nacional en relación a las denuncias que se cursaron en 2019. La estadística confirma que se interpusieron 168.057 a lo largo del año,  lo que supone un incremento de 0.67 puntos sobre 2018. Sin embargo, en Toledo ocurrió lo contrario porque se contabilizaron 1.806 denuncias, 56 menos que en el ejercicio anterior.

En este caso, resulta muy complejo establecer una interpretación porque el margen de denuncias de un año y otro es muy estrecho y es necesario más tiempo para analizar distintos ejercicios con el objetivo de extraer conclusiones.

Si bien, en los datos del Observatorio sí se destaca que los familiares están empezando a tomar conciencia de la necesidad de implicarse y denunciar la situación, puesto que constan 110 denuncias interpuestas por ellos el año pasado, ya que en el anterior no se contabilizó ninguna, una problemática que no pasaba desapercibida en el Observatorio desde hace tiempo.

La mayoría de las denuncias que llegan al juzgado proceden de atestados policiales a instancias de la víctima. En Toledo, sumaron  1.470 y se completaron con 31 denuncias interpuestas directamente por la víctima, otras 131 derivadas de la intervención directa policial, más todas las derivadas de otros juzgados. Además, hubo 62 partes de lesiones que se trasladaron a los órganos judiciales, únicamente dos menos que en 2018.