El alcalde socialista de Recas, Eliseo Ocaña, junto con las concejalas de UCIN, Mayte Bravo, y Ciudadanos, Pilar Barroso, y tres ex concejales socialistas, José López, María Isabel Panes y María del Mar Panes, serán juzgados por prevaricación, después de que el Juzgado de Instrucción nº 2 de Illescas haya visto indicios racionales de criminalidad en la aprobación de la moción por la que los acusados suprimieron el sueldo de la entonces alcaldesa, Laura Fernández, y segunda teniente de alcalde, así como las retribuciones del resto de concejales del Grupo Municipal Popular.

Todos ellos se enfrentan a una pena de inhabilitación para empleo o cargo público y para el derecho de sufragio pasivo de entre 9 y 15 años, según prevé el Código Penal para este delito, lo que implicaría la imposibilidad de terminar la legislatura para el alcalde socialista y las concejalas de UCIN y C's.

Según informa el PP en el comunicado, la mencionada moción ya ha sido anulada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo, por desviación de poder, y ahora el Ministerio Fiscal, considerando que todos ellos eran conocedores de la ilegalidad del acuerdo, ha formulado acusación contra ellos, solicitando la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 11 años (por encima de la pena mínima que prevé el Código Penal) y costas.

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 2 de Illescas les ha impuesto además una fianza de 32.667 euros para asegurar las responsabilidades civiles derivadas del delito.

Las citadas actuaciones ya se encuentran en el Juzgado de lo Penal número 4 de Toledo, pendiente de examen de la prueba propuesta y señalamiento para el comienzo de las sesiones de juicio oral.