El Ayuntamiento dignificará otro patio de fosas comunes

M.G
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La alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón asegura que cuenta con presupuesto municipal para ir avanzando en esta tarea ligada a la memoria histórica. Aplaude la aprobación del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

El Ayuntamiento dignificará otro patio de fosas comunes - Foto: JUAN LAZARO

La aprobación por parte del Gobierno Central del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que inicia ahora su camino hacia las Cortes, es una buena noticia para la alcaldesa de Toledo. Milagros Tolón asegura que con esta normativa «se dan pasitos importantes en la historia de este país» y cree que lo más conveniente y lógico es «normalizar y dignificar». En este sentido, recuerda que Toledo ya hizo los deberes en la legislatura de Emiliano García-Page dignificando el Patio 42. En aquellos momento, Izquierda Unida lideró las propuestas relacionados con la memoria histórica, incluidas la retirada de placas y de otra simbología franquista en la ciudad.

Más tarde, también Tolón y su equipo municipal plantearon un proyecto para adecuar otro patio en el cementerio municipal tras la insistencia de Ganemos, con Javier Mateo a la cabeza, concretamente el del tramo 31, donde yacían los restos mortales de más de 200 personas asesinadas durante la Guerra Civil y la represión franquista.

Además, destaca que el Ayuntamiento cuenta con presupuesto para actuar en otro patio de fosas comunes más a lo largo de esta legislatura para dignificar una zona que mantiene los restos mortales «de tanta gente que dieron la vida por defender sus ideas». De momento, aún están pendientes de actuaciones las fosas comunes de los patios 17, 19, 41 y 43.

Por otra parte, la alcaldesa mantiene que esta futura normativa, que sustituye y amplia la conocida Ley de Memoria Histórica, «es importante para la madurez democrática de un país» y una buena oportunidad «para ir cerrando heridas».

En principio, todo indica que  el Gobierno de Sánchez está dispuesto a reforzar esta materia en los tribunales también abriendo la posibilidad de contar con un fiscal específico en el Tribunal Supremo para proteger los derechos de las víctimas.