12 millones de m2 de suelo industrial: compromiso de Page

Benjamín López
-
Page conversa con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el secretario de Estado.

El presidente y el ministro de Fomento firmaron un protocolo de actuación que verá sus primeros frutos en Ciudad Real y Talavera. La consejera de Fomento niega que se trate de un ejercicio electoralista

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page se comprometió ayer a poner a disposición de las empresas 12 millones de metros cuadrados de suelo industrial en las cinco provincias a lo largo de la próxima legislatura, si es que vuelve a gobernar la región.  «En estos cuatro años hemos gestionado seis millones de metros cuadrados y mantengo el compromiso, es clave para mí en la próxima legislatura, de doblar esa cifra al menos, 12 millones de metros cuadrados», dijo García-Page al respecto. Los primeros proyectos que se materializarán a lo largo de este año y el próximo están ubicados en Ciudad Real y Talavera.
«Tenemos mucho suelo disponible, tenemos que ponerlo en valor y tenemos que hacerlo de la mano para que resulte lo más rentable posible para la instalación de empresas», dijo el presidente a los medios de comunicación tras firmar  un protocolo de actuación entre el Ejecutivo autonómico, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y el Ministerio de Fomento, para la promoción del suelo industrial en nuestra región. «Es la primera vez que hay un acuerdo estratégico» de estas características entre el Gobierno de la nación y Castilla-La Mancha, destacó García-Page.
A su juicio hay varios factores que dan un valor añadido a Castilla-La Mancha. El primero es que nuestra región es la que tiene más disponibilidad de suelo público en toda España. Además, según el presidente, tiene un «posicionamiento extraordinario» en el centro del país y, por último, este convenio se va a ir materializando en «operaciones muy concretas»  en las cinco provincias, si bien en algunas de ellas ya se está trabajando desde hace tiempo como es el caso de Ciudad Real y Talavera y se va a ver «a lo largo de este año y el que viene».
El protocolo, según indicaron desde el Ministerio, tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables a otros cuatro por acuerdo de las partes. Prevé la creación de una comisión de seguimiento que coordinará la toma de decisiones a la hora de diseñar o modificar los instrumentos urbanísticos necesarios, así como acometer las actuaciones por fases adaptadas a la demanda real del suelo.