La Junta utilizará energía eléctrica de origen renovable certificado en  sus sedes de las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real. Así se recoge en una resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que da publicidad a la formalización de un acuerdo marco para la homologación del suministro de energía eléctrica en edificios de la  Administración regional, excluyendo los del Sescam. Esta resolución ha sido publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del pasado viernes.

Para proceder a su adjudicación, este contrato de suministros se dividió en cinco lotes, con las dependencias del Gobierno regional en cada provincia. El inicio del proceso de licitación se basó en otra resolución del 29 de abril del año pasado. Esta fue publicada por la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y solo hacía referencia al suministro de energía eléctrica, sin entrar en su origen. Sin embargo este proceso, con el número de expediente 2018/007221,  fue posteriormente asumido por Desarrollo Sostenible, una de las nuevas consejerías creadas con el inicio de la nueva legislatura tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, y ha culminado en la contratación de suministros de energía eléctrica «con certificado de origen renovable» en  las sedes de la Administración regional de tres provincias.

el concurso quedó desierto en dos provincias. La resolución que informa del final de este concurso reconoce que en los otros dos territorios afectados, Albacete y Guadalajara, éste ha quedado desierto. En las otras tres, el contrato ha recaído en Suministros Gas Natural Comercializadora SA, compañía del grupo Naturgy.

Los tres lotes que componen finalmente este contrato de suministros fueron adjudicados el 16 de julio y formalizados el 12 de noviembre. Este suministro tendrá un periodo de vigencia de dos años,prorrogables por otros dos.

Este contrato salió a licitación por la respetable cantidad de 45,7 millones de euros. La adjudicación final no recoge la cuantía total que deberá pagar la Junta a la suministradora por la electricidad, sino un cuadro de tarifas a la que esta deberá someterse para cobrar por sus suministros.

El suministro de energía de origen enteramente renovable lleva imponiéndose desde hace años desde entidades públicas e incluso empresas privadas, con el fin de reflejar su compromiso por el medio ambiente y contra el cambio climático desechando fuentes contaminantes como el petróleo. En Europa, la comprobación de un origen limpio de la energía se basa en las Garantías de Origen (GdO), certificados que permiten a una suministradora garantizar a su cliente que dispone de suficiente electricidad de origen renovable para atender su demanda. En España, estos certificados son emitidos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Según explica la CNMC, son los  propios productores de energía los que solicitan las GdO para certificar el volumen de MWh generado a partir de fuentes renovables.  A partir de ahí, se producen anotaciones en cuenta para llevar un registro contable a través de medios electrónicos de las GdO expedidas y transferidas. La CNMC actúa como organismo emisor único que controla la gestión de todo el proceso en España.

Se da la circunstancia de que las GdO se han convertido en una línea de negocio, ya que una compañía comercializadora de electricidad puede participar en este sistema de certificación del origen renovable de la energías adquiriendo garantías a una productora para mejorar su porcentaje en energías limpias en comparación con el mix medio de producción eléctrica. Eso sí, las productoras deben dedicar los beneficios que logren con la compraventa de GdO a desarrollar nuevas instalaciones en este ámbito de las energías renovables o invertirse en I+D que promueva una mejora del medio ambiente.

La apuesta del Gobierno regional por lograr un suministro eléctrico de origen renovable está en consonancia con la preponderancia de Castilla-La Mancha en este ámbito.  Castilla-La Mancha es la primera comunidad autónoma del país en potencia fotovoltaica instalada, la segunda en solar térmica, la tercera en eólica y la cuarta en el conjunto de renovables. De hecho, la región podría prácticamente autoabastecerse gracias a las instalaciones que ya dispone de energías limpias. En los próximos años se prevé, sólo en fotovoltaica, pasar de 3.184 puestos de trabajo en 2016 a 18.176 en 2021.