Estrechar el cerco contra la publicidad engañosa es el objetivo de la futura comisión regional de prevención y erradicación de las prácticas comerciales desleales de Castilla-La Mancha, que verá la luz en el segundo semestre de este año.

Este organismo, dependiente de la Consejería de Desarrollo Sostenible, nace de la Ley de Consumo aprobada por las Cortes regionales antes de la pandemia y tendrá en la defensa de los productos agroalimentarios de calidad diferenciada una de sus principales razones de ser. Y es que, como explica a La Tribuna el director general de Agenda 2030 y Consumo,  Ramón Lara, es en estos alimentos con Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) donde con más frecuencia se dan este tipo de prácticas comerciales desleales.  Fraudes que suelen consistir en usar sellos de calidad o etiquetados que no se corresponden con la manufactura del producto o las materias primas utilizadas. 

El queso manchego es el ejemplo paradigmático de todo esto. «Que un queso esté producido en Castilla-La Mancha no significa que sea manchego», pero algunos comercios y webs utilizan el sello de esta DO como reclamo, según explica Lara. Algo también muy habitual en otros productos de ‘marca’ como el Azafrán de la Mancha, el Mazapán de Toledo o el Pan de Cruz, por poner solo algunos ejemplos.

 En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha está ya poniendo especial atención en la inspección de las páginas web dedicadas al comercio de este tipo de productos. Y Lara cita aquí como ejemplo uno de los últimos casos en los que ha trabajado su departamento: un portal que vendía bajo el sello ‘berenjena de Almagro’ un producto que no estaba adscrito a la Denominación de Origen. «Ahí es donde queremos poner el foco», señala.

Pero, ¿significa la creación de esta comisión que en Castilla-La Mancha se producen muchos fraudes de este tipo? Según Lara, en la comunidad «no tenemos datos para alarmar en cuanto al número de fraudes, pero sí hay que poner en valor, tal y como dice el decreto por el que se crea la comisión, el carácter preventivo de la misma con dos objetivos fundamentales: la protección de las personas consumidoras y la protección a nuestros productos con calidad diferenciada» de esta competencia desleal.

Esta comisión será, a grandes rasgos, el punto de unión de los tres organismos con capacidad actuación en materia de inspección de la Junta de Comunidades: la ya citada Dirección General de Consumo, Salud Pública (dependiente de Sanidad) y Alimentación (Agricultura). Se trata, apunta Lara, de centralizar los resultados obtenidos, coordinar las actuaciones a realizar  y analizar dónde están en cada momento los problemas.

Una coordinación que se hará extensiva también a otros organismos, como la Fiscalía y las Fuerzas de Seguridad del Estado, con los que ya se trabaja desde la Junta. Sin ir más lejos, el pasado marzo se conocieron los resultados de la llamada ‘Operación Opson X’, desarrollada en la provincia de Ciudad Real y dirigida a luchar contra la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio o distribución ilegal de productos alimenticios.  

Aparte de los alimentos, el radar de esta comisión también estará puesto en otros sectores sensibles para el consumidor, como pueden ser la telefonía o las ventas online. Un punto este último que se ha desarrollado exponencialmente a raíz de la pandemia.  Como advierte Lara, las compras por internet «han venido para quedarse» y es un ámbito «que induce al engaño».