La Junta ha ejercido su facultad de veto sobre una Proposición de Ley motivada en la ausencia de alguna partida presupuestaria que soporte los costes de su puesta en marcha. La futura norma que ha decaído es la de Ley de Tierras Raras planteada por Podemos. Así se recoge en la edición del pasado lunes del Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha.

  La Mesa de las Cortes, en su última sesión, admitió a trámite el escrito con  el que el Consejo de Gobierno expresó su no conformidad a la  tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley defendida por el diputado morado David Llorente. En el escrito del Gobierno regional se resaltaba que suponía un aumento de crédito presupuestario previsto para este año (en base a los presupuestos regionales del año pasado, ahora prorrogados) para la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Con ello, se activaba el veto del ejecutivo por insuficiencia presupuestaria para una nueva norma, tal y como prevé el artículo 156 del Reglamento de las Cortes.

También se señalaba que la  actividad minera ya cuenta con un amplio elenco de normativa sectorial qu e la regula.  «En  consecuencia,  la  Mesa  de  las  Cortes  declara  concluida  la  tramitación  de  la  citada  Proposición de Ley», concluye el anuncio de la  resolución de la Mesa publicado en la gaceta parlamentaria, firmado por el presidente del Parlamento regional Jesús Fernández Vaquero.

El ejemplo de la ley de fracking. La resolución de la Mesa incluye los informes del Gobierno regional contra la continuidad del trámite de la proposición, incluido uno suscrito por el viceconsejero de Medio Ambiente Agapito Portillo. Este informe parte de una similitud de mecanismos de la propuesta de Podemos con los de la Ley de Fracking precisamente para descartarla.

En concreto, la ley propuesta por el partido morado planteaba la puesta en marcha de un plan estratégico que regule la minería de tierras raras que la Junta debe elaborar en un plazo de 18 meses si la norma entraba en vigor. Y el informe de Portillo recordaba que con la sí aprobada Ley de Fracking ya se está elaborando un plan similar para regular los procesos de fractura hidráulica. Se refleja que la preparación de este plan supondrá un coste de unos 140.000 euros, que se ha podido afrontar porque cuenta con sus correspondientes partidas en los presupuestos regionales de 2017 y 2018. También se señala que la Proposición de Ley de Podemos incurre en inconcreciones sobre quien asume otros costes previstos en su redactado, como las evaluciones de riesgos de un proyecto minero.