Los datos sobre la actividad judicial ayudan a contextualizar la delincuencia a pesar de que esta problemática no pueda medirse con exactitud a través de los tribunales, dado que va más allá de las diligencias que se abren a lo largo de un año. Si bien, se trata de un indicador razonable que sigue tomándose de referencia en los juzgados. Según detalló ayer el fiscal jefe de Toledo, Luis Ibañez, se observa una disminución «significativa» de actos delictivos en la provincia en el año 2017 en comparación con 2016, puesto que se incoaron 20.383 diligencias, casi tres mil menos. En este ámbito hay que resaltar también una notable bajada del número de diligencias en los juzgados el año pasado fruto de la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se puso en marcha en 2015, y ha permitido  agilizar y descargar los órganos judiciales filtrando la entrada de diligencias. Antes de la reforma los juzgados de la provincia ingresaban en torno a 55.000 diligencias de media anuales frente a las 20.383 que se abrieron a lo largo de 2017.