CCOO-Toledo está impulsando una reunión del Pacto Social por el Ferrocarril tras el cese, desde el pasado 1 de enero, de la venta de billetes de la línea Madrid-Extremadura en las estaciones de la provincia. En nota de prensa, desde CCOO informan que, junto a las otras dos organizaciones que integran el Pacto, Fedeto y UGT, están contactando con los ayuntamientos afectados y se dirigirán también a la Consejería de Fomento y a la representación legal de los trabajadores «para exigir juntos el inmediato restablecimiento de la venta de billetes en las estaciones de tren de Illescas, Torrijos, Talavera y Oropesa», según ha indicado el secretario provincial de CCOO, José Luis Arroyo.

«Queremos reunirnos cuanto antes; este es un servicio cuya supresión ya está afectando a muchos ciudadanos y que además daña la imagen de Adif y Renfe y desanima a cualquiera a utilizar el tren», ha subrayado Arroyo, que ha recordado que, «pese a las mejoras en la infraestructura y en los trenes acometidas en los últimos meses, la línea sigue perdiendo pasajeros por la pésima imagen construida durante años de abandono».

Por ello, señalan que el Pacto Social por el Ferrocarril quiere aprovechar su próxima reunión «para analizar el impacto que están teniendo en la reducción de averías e incidencias las obras realizadas en la línea, la eliminación de limitaciones de velocidad y la sustitución de los trenes S-598 por los S-599».

«Tenemos que mantener un seguimiento del cumplimiento de los compromisos que en su momento arrancamos a Renfe, a Adif y al Gobierno de España; y no permitir pasos atrás como lo es la supresión de la venta de billetes al público», ha señalado Arroyo, quien ha apostado además por «intensificar ante el nuevo Gobierno que se forme en las próximas fechas la exigencia de dignificación del servicio ferroviario que se presta a la ciudadanía y al tejido empresarial de la provincia, que pasa por el desdoble y la electrificación de la línea».

Por su parte, el presidente del comité de empresa de ADIF-Toledo, Enrique Clavero, cree «imprescindible» que tanto el administrador de infraestructuras ferroviarias como Renfe, así como el Ministerio de Fomento, «garanticen la comunicación y la coordinación con los representantes de los trabajadores ferroviarios», puesto que «no puede ser que los trabajadores seamos los últimos en enterarnos de decisiones que nos afectan directamente puesto que somos los que tenemos que llevarlas a cabo».