El TS obligará a pagar 6,5 millones por los planes de empleo

Leticia G. Colao
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La portavoz del Gobierno explicó que el Alto Tribunal fallará contra los planes de 2016 y el primero de 2017 y culpa al anterior ejecutivo de Ramos de «desidia y falta de responsabilidad»

El Supremo obliga a a pagar 12 millones por planes de empleo

El Ayuntamiento de Talavera está ya preparado para recibir el varapalo del Tribunal Supremo por la gestión de los planes de empleo. En concreto de los correspondientes al año 2016 y la primera parte de 2017, lo que obligaría al Ayuntamiento a desembolsar  la cantidad de 6,5 millones de euros, lo que supondrá un importante varapalo para las arcas municipales. El consistorio ha recibido una primera respuesta al recuerso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de marzo de 2019, que confirmaba la dictada en primera instancia por el juzgado de lo Social.  
La portavoz del equipo de Gobierno, Flora Bellón, explicó ayer que por el momento se fallarían los planes de estos dos años, pero también están judicializados la segunda parte  de 2017 y el de 2018 así como los planes de zonas rurales deprimidas, por lo que el equipo de Gobierno y que en conjunto «baraja una deuda millonaria que va a suponer 12 millones de euros para la ciudad».
Por el momento, el consistorio y el organismo autónomo local IPETA, gestor de los planes de empleo, han recibido una providencia del Supremo que les concede un plazo improrrogable de cinco días para informar sobre la inadmisión del recurso de casación contra la sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha. A partir de ahí, el Ministerio Fiscal dispondrá de idéntico plazo para presentar informe, con el cual la sala de lo Social del Supremo tomará la decisión final sobre el recurso. En el Ayuntamiento no hay ya ninguna confianza en que el proceso se pueda resolver a su favor y se echan cuentan sobre el coste que va a suponer. 
Bellón recordó ayer que el caso se originó con el conflicto colectivo iniciado por CCOOque llevó a los tribunales las diferencias salariales entre los trabajadores de los planes de empleo y la plantilla municipal. El sindicato ganó el caso  en el Juzgado de lo Social en octubre de 2018, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en marzo de 2019.
Bellón explicó que la providencia dictada por el Supremo entiende que no es posible admitir el recurso de casación interpuesto por el anterior equipo de Gobierno del PP que «está diciendo no a la pretensión del Ayuntamiento de dar validez a los planes de empleo que se desarrollaron en Talavera en 2016 y 2017».
La portavoz del equipo de Gobierno insistió en que esta sentencia del Alto Tribunal tiene «muchísima trascendencia» para la situación económico-financiera del Consistorio, «porque hipoteca a la ciudad, una hipoteca debido a la nefasta y pésima gestión del anterior Gobierno delPP», dijo. Así, destacó que esto demuestra «la falta de compromiso y la desorganización» del PP con los planes de empleo, «que nunca se han tomado en serio» y acusó a los populares de «falta de realización de proyectos con autonomía y sustantividad propia», por emplear a sus trabajadores para hacer trabajos permanentes del Ayuntamiento. Asimismo, lamentó su «prepotencia, soberbia y falta de diálogo» con la parte social que hizo que se tensionara tanto la realidad que incluso los mandaron a los juzgados, «y ahora nos vemos en esta tesitura de tener que hacer frente a esta deuda millonaria». 
La portavoz argumentó que son planes sociales enfocados para gente desempleada, víctimas de violencia de género y gente sin capacitación, por lo que «necesitan la redacción de unos proyectos específicos, con unos contratos determinados y no utilizar a esas personas para hacer servicios permanentes o sustituciones de los empleados públicos». Esto ha servido además, añadió, «para que se vea una pésima imagen» de estos planes de empleo.