La Comisión Informativa de Cuentas ha determinado esta mañana que no es necesario realizar una auditoría interna para aclarar las cuentas públicas antes de que termine la legislatura, tal y como pedía el Grupo Municipal Socialista, en el Ayuntamiento de Talavera. Tras garantizar la «transparencia» de la que presume el Gobierno municipal, la Comisión ha considerado entre otras razones que esta nueva auditoría interna «sólo conseguiría sobrecargar de trabajo a los servicios municipales y distraerles de manera innecesaria de sus tareas y obligaciones», y lo han hecho con los seis votos en contra del PP (al que se ha sumado el de Jonatan Bermejo, ex de Ciudadanos y ahora como no adscrito) y la abstención del edil de Ganemos.

Así lo ha explicado el equipo de Gobierno en nota de prensa, tras informar que los técnicos municipales que han formado parte de esta Comisión Informativa «han avalado los datos de creación de empresas y pago medio a proveedores» que el alcalde y el concejal del área, Arturo Castillo, anunciaron en sendas comparecencias y que fueron puestos en entredicho por el portavoz del Grupo municipal socialista, José Gutiérrez.

Durante el transcurso de la Comisión los técnicos municipales -pertenecientes a las áreas de Intervención, Gestión Tributaria y Tesorería municipal- han respondido y aclarado todas y cada una de las cuestiones planteadas por la oposición y han resuelto las dudas expuestas por el PSOE la semana pasada en relación con aspectos tributarios y económicos.

Tras escuchar todas las declaraciones de los técnicos municipales y las respuestas a las cuestiones planteadas, la Comisión ha descartado la necesidad de realizar otro estudio interno por los propios servicios de la casa, ya que se ha constatado que las cuentas municipales están permanentemente auditadas y fiscalizadas por estos mismos servicios, «con total acceso a las cuentas y máxima transparencia».

Por todo ello la Comisión ha considerado que esta nueva auditoría interna «sólo conseguiría sobrecargar de trabajo a los servicios municipales y distraerles de manera innecesaria de sus tareas y obligaciones».

Castillo ha recalcado la transparencia total de este Ayuntamiento «que no tiene llaves en los cajones y cuyos bolsillos son de cristal a pesar de las insinuaciones que de manera tendenciosa quieran hacer desde la oposición para enturbiar la situación política de cara a las próximas elecciones».

Además Castillo ha subrayado que la labor eficiente y continua de Economía y Hacienda con respecto a las cuentas públicas ha quedado constatada en esta Comisión Informativa reseñando la máxima responsabilidad, transparencia y competencia a la hora de gestionar las cuentas municipales.

«Estado real de las cuentas». Por su parte, el Grupo Socialista ha lamentado que los votos del Gobierno, ayudados por el del ex edil de Ciudadanos, ahora no adscrito, Jonatan Bermejo,  hhaya «tumbado» la propuesta del Grupo Socialista de realizar una auditoria interna para aclarar las cuentas del Ayuntamiento. Esto ha impedido, destaca Gutiérrez, que los talavearnos «conozcan el estado real de las arcas públicas, que no es otra cosa que un ejercicio de esa transparencia de la que tanto presumen».

El PSOE justificó que solicitó una auditoría que fuera realizada por los servicios del Ayuntamiento, «por los técnicos municipales, en los que confiamos plenamente y que no costaría nada a las arcas públicas», tras comprobar que «en los últimos tiempos está habiendo más reparos que nunca, que se reflejan en varios expedientes, facturas de servicios para actos y eventos, y hasta una convocatoria completa de subvenciones, con informe desfavorable, discrepancias, con efectos suspensivos, y todos levantados por la Junta de Gobierno».

Tras esto, recuerda que el PP encargó una auditoría externa al llegar alGobierno en 2011, «que nos costó 30.000 euros».

El objeto de la auditoría interna, «que la harían los que mejor conocen la situación», sería saber en qué se ha gastado la subida de impuestos de estos años, cómo ha incidido la gestión económica del Gobierno sobre el número de habitantes, la pérdida de empleo o las políticas sociales. Igualmente debería reflejar el resumen de la presión fiscal desde 2011 a 2019, finaliza el PSOE.