El fiscal superior reconoce la preocupación social sobre la gestión de las residencias de ancianos en la crisis sanitaria del coronavirus y confía en poder dar una respuesta cuanto antes. Continúa el ascenso en el número de investigaciones penales abiertas por el Ministerio Fiscal. La cifra ya asciende a 20 en la región, con la apertura de dos nuevas diligencias en la última semana. Además, hay dos causas penales abiertas por juzgados castellano-manchegos, según informa Martínez Jiménez, quien en esta entrevista telefónica también hace pedagogía para explicar el funcionamiento de una investigación penal.

La Fiscalía tiene investigaciones penales abiertas sobre las residencias de ancianos.

Uno de los mecanismos de trabajo que tienen las fiscalías es la apertura de diligencias de investigación penal. Tenemos un sistema penal muy complicado. Está en estudio desde hace muchos años la posibilidad de transferir la dirección de la investigación penal, que ahora está en manos de los jueces de instrucción, a los fiscales.

La investigación penal es función del juez. No puede haber ningún proceso penal que no haya pasado por una investigación judicial. Pero esa investigación penal puede iniciarse en una comisaría de Policía Nacional, en un cuartel de la Guardia Civil o en una Fiscalía.

La Policía Nacional obligatoriamente tiene que remitir el atestado al juez y una copia al fiscal, pero el fiscal tiene más autonomía y margen de actuación porque puede hacer un trabajo de investigación durante seis meses y acordar algunas diligencias que la Policía no puede hacer.

Una vez que la fiscalía termina su trabajo o bien archiva el procedimiento, y si el denunciante no está de acuerdo puede presentar la denuncia al juzgado, o bien remite el resultado de su investigación al juez para abrir entonces la investigación judicial que es la que nos permite entrar en un proceso penal.

Desde la Fiscalía se están incoando unas 400 o 500 investigaciones, a nivel general, y las que entran directamente en los juzgados son cerca de 25.000. Es un cauce más o menos residual que se utiliza todavía poco.

En el caso de las residencias de ancianos ocurre que las tornas se están invirtiendo. Hay muy pocas denuncias presentadas directamente en los juzgados, nosotros tenemos constancia de dos, y hay un número mayor de denuncias presentadas en la Fiscalía. La Fiscalía también actúa de oficio, por noticias de prensa o por la propia notoriedad de los hechos que hace que tome la iniciativa.

¿Cuántas investigaciones hay actualmente en Castilla-La Mancha?

(A 25 de mayo) Hay 20 investigaciones penales en curso, 7 en Albacete, 5 en Ciudad Real, 2 en Guadalajara, 2 en Cuenca y 4 en Toledo.

Las fiscalías tienen un plazo de seis meses para cerrar la investigación, aunque son prorrogables. Algunas se han cerrado ya porque eran denuncias que el partido político Vox presentó idénticas en la mayor parte de las fiscalías provinciales de todo el territorio español. Se consideró que eran investigaciones generales, que técnicamente llamamos prospectivas, porque no eran denunciando un delito que se había cometido sino buscando el delito, diciendo que tal y como se estaba gestionando la situación necesariamente se tenía que haber cometido un delito que no se sabía cuál era y que había que investigarlo. Estas denuncias generales se han archivado, pero el resto siguen vivas.

¿De qué delitos hablamos y qué evidencias tienen para iniciar estos procesos?

Lo que se está investigando son casos graves que han terminado con el fallecimiento de una o varias personas. Descartado que este fallecimiento se haya producido voluntariamente no podemos hablar de homicidio ni de asesinato, pero sí de homicidios por imprudencia. Esto es lo que se investiga en la mayor parte de los casos. Pero en algunos casos también se ha denunciado la imposición de condiciones de trabajo que comprometían la seguridad del personal sanitario o en ocasiones también defectos de gestión, errores en la toma de decisiones de algunas residencias que hayan podido provocar un mayor número de fallecidos o contagiados del que se estaban produciendo en otras que aparentemente estaban mejor gestionadas.

Son diligencias que se tramitan a nivel provincial pero todas tienen unas características comunes y estamos trabajando de forma coordinada todas las fiscalías de Castilla-La Mancha. Esto nos da un caudal de información que nos permitirá, una vez que se normalice la situación y se levante el estado de alarma, calibrar la gravedad de los comportamientos. Saber hasta qué punto determinados errores han sido generales, determinados problemas se han resuelto mejor o peor y cuáles son los casos en los que los errores graves en la toma de decisiones ha llevado a resultados más luctuosos.

¿Sobre quién recae la responsabilidad en estos casos? ¿A qué penas se enfrentan?

El objetivo prioritario es conocer la verdad de los hechos, conocer qué ha pasado. En estos casos hay que averiguar la verdad, pero interfiriendo lo mínimo en el funcionamiento de las residencias y de los equipos que tienen la responsabilidad de atender sanitariamente a los pacientes y de salvar vidas.

Hay un marco normativo complejo que está cambiando y hablamos de toma de decisiones que a veces son individuales pero a veces son colegiadas. A veces se han tomado en Castilla-La Mancha y a veces fuera de Castilla-La Mancha.

¿Sabremos realmente lo que ha pasado?

Pensamos que podremos tener un conocimiento bastante exacto y amplio de cómo se ha desenvuelto la vida en estas residencias y tomar decisiones. En la medida que esta epidemia ha afectado a todo el Estado es posible que haya una coordinación por parte de la Fiscalía del Estado, pero las fiscalías son autónomas y hemos establecido mecanismos de coordinación para afrontar las dificultades de la investigación.

Hablaba del plazo de seis meses prorrogables, ¿cuándo cree que tendrán conclusiones?

Hasta después del verano no se tomarán decisiones finales que serán el archivo de los procedimientos o el traslado a los juzgados para que abran el proceso penal correspondiente.

En la región hay unas 400 residencias y actualmente están investigando 20. ¿Es un dato elevado o bajo?

Castilla-La Mancha ha estado especialmente castigada por la epidemia de la Covid-19 y afortunadamente los comportamientos delictivos, tanto los que se investigan como los que llegan a juicio, son excepcionales. Nosotros somos conscientes de que se han perdido muchas vidas, ha habido un elevado número de personas que han fallecido con positivos en coronavirus o con sospechas de coronavirus, lo que quiere decir que tenían síntomas compatibles clínicamente. Ese elevado número de fallecidos obliga a replantearse la organización o el modelo de residencias para el alojamiento de las personas mayores. Habrá que tomar medidas.

El de 20 investigaciones en curso me parece que es un número razonable y que puede cambiar. Son dos más que la semana pasada y no descartamos que una vez que se normalice la situación se produzca un mayor número de denuncias, que si no son por la vía penal serán de responsabilidad patrimonial por la vía civil o contencioso-administrativa.

Sí, me parece que toda la realidad que ha rodeado el funcionamiento de las residencias en estos meses puede ser objeto de un importante número de denuncias, una vez que se normalice la situación.

¿Las familias pedirán indemnizaciones?

Si usted es familiar de una persona que ha muerto en una residencia y piensa que no se ha gestionado bien el cuidado de su familiar decide presentar una reclamación patrimonial. No quiere que condenen a nadie por un delito, no quiere que nadie vaya a la cárcel, pero sí la satisfacción moral de que le digan que si se hubiesen hecho mejor las cosas su familiar estaría vivo y también un resarcimiento patrimonial. Pensamos que este tipo de litigios llegarán de manera importante cuando se normalice la situación.

La preocupación y el interés social sobre este asunto es muy elevado.

Somos conscientes y percibimos la presión. Sabemos que el anuncio de que la Fiscalía está actuando abre expectativas. Esperamos responder a estas expectativas.