«Quiero convocaros mañana (por ayer) a una concentración, porque llevamos demasiado tiempo soportando en nuestro pueblo un nivel de delincuencia y de ocupación ilegal, no social, insostenible». Así se resume la situación por la que atraviesa Yuncos, cuya alcaldesa ha tomado la determinación de hacer visible el malestar vecinal convocando, como alcaldesa, una concentración en la que quiso dejar claro que «se niega a sucumbir al miedo» y la inseguridad que está generando la ocupación ilegal que asola este municipio sagreño. «Me niego rotundamente a sentir el temor a que me priven de la libertad de poder salir en mi pueblo de forma tranquila», expresa María José Gallego.

Y es que la ocupación ilegal que habían creído reducir y reconducir en algunos aspectos, señala la alcaldesa, María José Gallego, ha repuntado en los últimos meses con un componente delictivo que está generando en la población yunqueña un alto grado «de inseguridad y miedo cuando salen a la calle».

Las amenazas a vecinos, fuerzas de seguridad, Policía Local, trabajadores municipales, «incluso a mi personalmente», se han acrecentando en los últimos tiempos.

Por ello, subraya la alcaldesa, promotora en primera persona de la concentración que ayer se celebró, que más allá de la ocupación ilegal que sufre Yuncos, -como otros tantos municipios de La Sagra, porque es consciente de que «se trata de un problema comarcal»- y en otros puntos de la provincia, el «verdadero problema es que es una ocupación ilegal no social». Y es que «si fuera ocupación ilegal social y se les pudiera ayudar por los cauces de la asistencia social, la intervención social, el trabajo social sería más sencillo trabajar» con este colectivo porque, incide María José Gallego, «son muchos y variados los recursos de los que dispone el Ayuntamiento» para poder ayudar a las personas que lo necesitan. Pero, para ello, reitera, es necesario que ellos acepten las normas y «entren en la red de recursos sociales y en el marco de los cauces de la legalidad». «Tienen que dejarse ayudar», reitera la alcaldesa, «y aprender a convivir con el resto de vecinos».

María José Gallego reconoce que todas las administraciones que pueden estar implicadas en esta problemática son conscientes de la situación y no duda en subrayar su reconocimiento a las «fuerzas y cuerpos de seguridad que nos ayudan, con sus medios limitados, de forma increíble». Ahora bien, también pone el acento en los propietarios de los inmuebles -generalmente entidades bancarias- que son ocupados ilegalmente como principales actores y responsables de lo que ocurre en estos. Porque, cuando intentan tomar medidas desde las administraciones y teniendo en cuenta que es una propiedad privada  se encuentran ante las trabas legales a las que los ocupas, por supuesto, no tienen ningún tipo de consideración, y las dificultades e imposibilidad en la mayoría de los casos de contar con un interlocutor por parte de la propiedad.

«Os pido de corazón que deis conmigo un paso adelante, se tiene que hacer oír nuestra voz y será para decir que queremos un Yuncos con una sana convivencia, más libre, cívico, seguro y sin miedo», animaba la alcaldesa a sus vecinos, y a todas las fuerzas políticas porque «no es cuestión de colores políticos sino una problemática social», consciente del temor que tienen en salir a la calle y dar la cara ante las constantes amenazas por parte de los ocupas.

El problema de la ocupación en Yuncos se arrastra desde hace años.  Sin embargo, en los últimos meses esta práctica ilegal se ha extendido por todos los barrios del municipio y se ha agravado en sus consecuencias porque se ha ido acompañando de actitudes incívicas, de delincuencia y de amenazas.

Una de las últimas intervenciones por parte de una empresa suministradora que decidió cortar el servicio a un bloque ocupado - «está en su derecho de hacerlo porque está siendo defraudada y desde el Ayuntamiento no podemos intervenir en nada», aclara la alcaldesa-  es reveladora de la situación que viven en Yuncos. Y es que al operativo de los trabajadores de la empresa -llegados de fuera para evitar consecuencias posteriores con vecinos- tuvo que asistirle un despliegue policial para garantizar su seguridad física en el desarrollo de sus obligaciones laborales dado que los afectados por el corte del suministro exhibían actitudes agresivas y amenazantes.

En este caso, la empresa suministradora pudo actuar dado que es un bloque entero el ocupado, pero existen otros edificios en los que residen (término más ajustado a su realidad porque difícilmente viven teniendo en cuenta las circunstancias de las que están rodeados) propietarios legales que impiden, respetando sus derechos, poder llevar medidas de este tipo.