El consejero de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, ha agradecido que el anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOE), con la que pretende derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) aprobada en 2013 por el Partido Popular, repare los aspectos «más lesivos» de una normativa no exenta de polémica.

En este sentido, celebró la eliminación de las pruebas finales de ciclo, las denominadas reválidas de Bachillerato y Secundaria; la recuperación de los programas de apoyo y refuerzo del alumnado en cuarto de la ESO, cuyo abandono «disminuía el índice de titulación»; y la supresión de la denominada demanda social en el proceso de admisión del alumnado, controversia que -a su juicio- «se introdujo de forma innecesaria, al no ser ésta algo ilimitado, tanto para centros públicos como para privados concertados».

Al término de la Conferencia Sectorial de Educación presidida por la ministra del ramo, Isabel Celaá, en la que se dieron cita responsables de todas las comunidades autónomas, Felpeto reconoció que muchas de las medidas recogidas en el texto no se pueden aplicar desde el punto de vista financiero de manera inmediata, «por lo que habrá que hacerlo de una forma progresiva».

Asimismo, recordó que «Castilla-La Mancha ha contribuido con aportaciones desde todos los ámbitos». Y lo ha hecho, en sus propias palabras, con «un espíritu de pacto educativo» que también se refleja en ese  «periodo de reflexión» que se abre antes de la tramitación de la norma en el Congreso de los Diputados previsiblemente finales de este mes o principios de febrero. Tiempo en el que  se incorporarán algunas de la propuestas de las comunidades autónomas, así como 71 de las 121 enmiendas aprobadas el martes en el pleno del Consejo Escolar del Estado.

Por último, sobre el planteamiento de Vox de devolver las competencias de las comunidades autónomas al Estado en materia de Educación, el consejero de Educación dejó claro que «este modelo de funcionamiento ha sido algo positivo para el sistema educativo español y desde Castilla-La Mancha no se está dispuesto a revertir en absoluto».

El borrador de la reforma, que contempla la derogación completa de la denominada Ley Wert, incluye medidas como dejar la asignatura de Religión fuera de la nota media, incluir una nueva materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos, devolver la obligatoriedad de Filosofía o permitir que un estudiante obtenga el título de Bachillerato con una asignatura suspensa.

A este respecto, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, apostó por «restringir el número de repeticiones» para igualar las cifras de España con el resto de sistemas educativos europeos. «Esta ley apuesta por el aprendizaje personalizado, supone un paso de gigante en la escuela inclusiva y refuerza, entre otras cuestiones, la educación infantil», defendió tras más cuatro horas de reunión con los responsables de las distintas regiones.

«Moderno, realista y ambicioso». El anteproyecto de reforma de la LOE, que incluye la posibilidad de que las comunidades autónomas decidan el uso del castellano y otras lenguas cooficiales como ‘idioma vehicular’, supone -según Celaá- un compromiso con la equidad y con la igualdad de oportunidades del alumnado sin olvidar un «enfoque trasversal de género». «El objetivo del Gobierno es lograr el máximo consenso posible» para sacar adelante un proyecto de ley «moderno, realista y ambicioso» que modifica un desarrollo curricular que mantenía «planteamientos muy anticuados».