Ha levantado ampollas. La ministra para Transición Ecológica se reunió con Page la semana pasada y anunció que la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía entrarán en la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, el órgano que propone los trasvases. Desde entonces no han dejado de sucederse las reacciones en contra por parte de las comunidades autónomas que se benefician del agua del trasvase. Empezó el Gobierno de Murcia, siguió el de la Comunidad Valenciana y el 15 de agosto se sumó el de Andalucía, todos amenazando con los tribunales. Incluso el PP a nivel nacional plantea una proposición en el Congreso de los Diputados para cerrar la puerta a los Ribereños.

«No me parece democrático, no me parece bien», señaló esta mañana el consejero de Fomento, Nacho Hernando. Afeó «que haya gente que piense que ante una polémica, ante una controversia la mejor manera de salirse con la suya es que no hablen quienes tienen una opinión contraria».

Hernando hizo estas declaraciones antes de empezar la reunión con el delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles. Blandió incluso la filosofía de la Constitución del 78 contra quienes quieren vetar a los Ribereños. «Tenemos una Constitución incluyente, que no excluye a nadie, ni siquiera a los que quieren romperla», expuso, «en el Congreso de los Diputados se pueden sentar quienes no creen en España». Por eso le parece inconcebible que con este marco jurídico a quien se quiera callar sea a los Ribereños.   

«Vamos a apostar muy fuertemente por que los Ribereños puedan tener esa voz», manifestó en nombre del Gobierno regional, «me parece un error garrafal que se planteen vetos a gente que tiene el derecho a expresar su opinión». Avisó a los dirigentes del Levante que «convencer porque no hay nadie de la opinión contraria, eso no es convencer, eso es callar».