La Intervención General de la Junta de Comunidades considera que pudo producirse «fraude a la legislación» en materia de contratación pública en la organización de la Cumbre del Vino en sus ediciones, organizadas mediante encomienda por la empresa pública Geacam.
Así lo apuntaba ayer el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su comparecencia en el debate general sobre la Cumbre del Vino celebrado en las Cortes.
Un informe de la Intervención General que señala la «mera labor de mediación» que ejerció la empresa pública Geacam, que contrató «el 100% de las prestaciones objeto de la encomienda» a terceros, al carecer de medios técnicos y del personal necesario para atender la encomienda de la Consejería de Agricultura para la organización de ambas ediciones, y sobre la que aún está pendiente de pago una deuda de 1.753.600 euros. Facturas ya adelantadas por Geacam a las empresas, y que ahora el Gobierno regional deberá abonar a la empresa pública.
Una deuda formada por los 955.000 euros de pérdidas con los que cerraba la primera edición de la Cumbre del Vino, celebrada en 2013, y para la cual no se consignó partida presupuestaria por parte del anterior Ejecutivo; a lo que se suman los 798.599 euros que se adeudan de la segunda edición, que sí contó con presupuesto, pero que apenas ingresó 173.000 euros por patrocinios y 3.700 euros por venta de entradas.
Dos cumbres del vino que «no iban a suponer ni un euro para Castilla-La Mancha», pero que ahora van a tener que asumir las arcas públicas, el dinero de los ciudadanos, subrayaba Martínez.
Una deuda cuyo procedimiento económico está pendiente de autorización por parte de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General.
«Inútil e innecesario». Sin embargo «lo más grave» para Martínez Arroyo es que este desembolso «no ha servido para nada», que el que fuera uno de los proyectos «estrella» del anterior Ejecutivo no haya resultado más que un gasto «inútil» e «innecesario».
Una Cumbre que el sector no pidió y que sirvió para contraprogramar a Fenavin, «la mayor feria de referencia del vino español», a la que el anterior Gobierno no apoyó.