Un total de 101 abogados del Ilustre Colegio de Abogados (ICA) de Talavera forman parte del turno de oficio de la Justicia Gratuita, es decir, el 42 por ciento del total del censo colegial, con 239 letrados, y de ellos, el 58 por ciento son mujeres. Así lo ha destacado hoy la decana del Colegio, Marga Cerro, durante la celebración como cada 12 de julio del Día Nacional de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio.

En rueda de prensa, Cerro detalló algunos de los datos que se publican este día en el XIII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacia Española Wolters Kluwer que corresponden al ejercicio de 2018. En esta jornada, añadió, «intentamos concienciar a la ciudadanía del serviio que presta la abogacía en cuanto a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa, es decir, que ningún ciudadano que no tenga recursos se quede sin el acceso a la justicia». Se trata de un servicio público «profesional y de calidad al servicio de la ciudadanía que presta la abogacía» y que cubre las 24 horas del día los 365 días del año.

Por ello, desde el ICA talaverano reivindican la dignificación del Turno de Oficio con «retribuciones justas y dignas a los y las profesionales que cubren este servicio».

En el caso de Castilla-La Mancha, este servicio depende directamente del Ministerio de Justicia al no tener la comunidad transferidas las competencias, aunque cabe resaltar que en el último año se ha incrementado la inversión en justicia gratuita.

A nivel nacional, explica Cerro, se han destinado 8,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,6 por ciento más que en 2017. De ellos, Cataluña, Madrid y Andalucía acaparan el 53 por ciento de la inversión total, mientras que la media por ciudadano es de 5,76 euros por año, cantidad que cae en Castilla-La Mancha a 4,03 euros.

Por su parte, la retribución media que cobra cada abogado del Turno de Oficio por expediente se reduce a 142 euros, para un trabajo que en ocasiones se extiende más de un año, en una cifra que varía dependiendo de la comunidad autónoma, «lo que refleja la diferencia que existe a nivel nacional en las inversiones en justicia», explica la decana.

En este sentido, asegura que «no es lógico que lo que puede cobrar un compañero en Castilla-La Mancha por llevar un expediente de familia sea un tercio de lo que cobra uno en País Vasco, cuando todo el procedimiento y el trabajo es igual». Otro tipo de actuaciones ni siquiera se abonan por parte de la administración de justicia.

No obstante, el trabajo de los profesionales de la justicia gratuita está valorado cada año por el usuario con un grado de satisfacción por encima del notable.