Una trifulca con un herido en un bar de Santo Domingo-Caudilla el pasado fin de semana ha colmado la paciencia de la alcaldesa, Silvia del Olmo, y de los vecinos de esta localidad de un millar de habitantes de la comarca de Torrijos. «No puedo soportar más», afirmó ayer en declaraciones a este diario por los conflictos atribuidos a las familias que ocupan ahora mismo ocho viviendas.

La alcaldesa llegó al cargo en el año 2015, pero la convivencia dentro del municipio se ha torcido entre finales de la anterior legislatura y el principio de la actual. Tanto, que denuncia insultos y amenazas como «te vamos a quemar la casa» en los últimos dos años por parte de estas familias que se aprovechan de la tardanza de los procedimientos legales para acabar con la ocupación de las viviendas pertenecientes a los bancos. «Si supieran convivir, no habría problemas, pero hay enfrentamientos con los vecinos porque no saben convivir», lamenta la regidora, quien asegura que estas familias se dedican al cultivo de marihuana con enganches fraudulentos de luz.

Municipios con poca población como Santo Domingo-Caudilla «están vendidos» en cuanto a seguridad porque carecen de Policía Local, y la Guardia Civil tiene limitada la intervención en las ocupaciones de viviendas. «No pueden hacer nada», asevera la alcaldesa, quien ha visto como estas familias han sido expulsadas de un chalé y se han ido a otras viviendas vacías dentro del municipio.

Del Olmo subraya que los bancos propietarios de las viviendas dejan pasar meses hasta que interponen las demandas para que la Justicia intervenga y desaloje a los moradores. Al respecto, pone de manifiesto la contradicción de que las familias ocupen viviendas y tengan a las puertas de las casas vehículos de gama alta.

El Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla convocó hace unos meses una Junta Local de Seguridad para abordar este asunto, pero el planteamiento para atajar las ocupaciones pasa por avisar a los propietarios. «Pasan del tema», afirma de la actitud de los bancos e inmobiliarias para intentar corregir este fenómeno que se extiende en diferentes municipios de la provincia. En este sentido, este diario ha publicado en los últimos meses problemas relacionados con ocupas que ha afectado a la convivencia con el resto de los vecinos, como ocurrió el pasado mes de septiembre en Ocaña con el desalojo de unas 120 personas en un inmueble junto a la cárcel de Ocaña II.

Del Olmo menciona casos parecidos en otros municipios de la comarca de Torrijos. «Quiero que se ponga atención en pueblos pequeños», aseveró por la carestía de medios de seguridad para hacer frente a los ocupas que ponen al límite la convivencia.

De esta manera, la alcaldesa resalta que los alcaldes y los concejales de estas poblaciones «dan la cara» inevitablemente para hacer frente a las ocupaciones.