El gran retraso que acumula la negociación de la reforma de la PAC obliga a las comunidades autónomas a prorrogar el paquete de ayudas agroambientales, diseñadas y previstas en sus programas de desarrollo rural (PDR), y por tanto, pagadas no solo con fondos europeos, sino cofinanciadas también con presupuesto estatal y regional.
Entre todas las líneas destacan por ejemplo las ecológicas, las de fomento del pastoreo, razas autóctonas, forestales o las apícolas para la mejora de la biodiversidad; algunas, diseñadas con imaginación desde la autonomía de gestión que tienen los territorios para apuntalar sectores tan vulnerables. De hecho, ahora, de cara al nuevo modelo de reparto que definirá el plan estratégico nacional de la nueva política agraria común, los consejeros están pidiendo ampliar ese espectro competencial al saber que es ahí donde pueden hacer auténtica política territorial.
Por tanto, cuando estas negociaciones concluyan, y en la cumbre de mayo veremos realmente las posibilidades de un gran acuerdo, las administraciones regionales tendrán que poner el turbo para culminar el diseño y la redacción de los nuevos PDR que representarán los guiones de gestión de un período financiero ya en marcha hasta 2027. Y entran en juego otros departamentos como el de Desarrollo Sostenible de Castilla -La Mancha que asumió en la actual legislatura, algunas competencias que hasta la anterior tutelaba Agricultura.
Un caso concreto tiene que ver con los nuevos planes de gestión de las zonas de especial protección de las aves esteparias (ZEPA) que hace cinco años, llevó a casi 1.500 productores de herbáceos de secano a asumir compromisos agroambientales que finalizan este 2021. Por tanto, forzosamente habrá que renovarlos en 2022 -como se ha hecho ahora con las líneas que citaba-, para que esas 46.000 hectáreas cultivadas bajo condiciones compatibles con la nidificación y alimentación de avutardas, sisones y otras especies protegidas, sigan reportando al productor una ayuda compensatoria de 208 euros por hectárea por todo lo que pierde cada sementera.
Este es el contexto de la reunión del pasado viernes en Toledo que reanuda los trabajos de seguimiento para actualizar los siete planes, en su día tremendamente polémicos, recurridos incluso por Asaja ante el Tribunal Superior de Justicia de la región, por sujetar mediante cupos, las nuevas plantaciones de leñosos en las áreas delimitadas. Y es aquí donde las organizaciones agrarias se remangan de nuevo para evitar peajes que -entienden- se estarían produciendo para los agricultores afectados por los denominados ‘cogollos’, ante la reiterada denegación de trámites relacionados con cambios o cesiones de derechos de riego, o solicitudes administrativas de pozos que chocan contra la norma.
Asaja y UPA han pedido por eso una revisión sosegada porque, más allá de las hectáreas que haya que añadir en estos próximos cinco años, está en peligro el crecimiento  económico de la región en amplias áreas de las cinco provincias.
La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Medio Natural y Biodiversidad, está dispuesta a reeditar otras 4.500 hectáreas más de cupo para autorizar futuras conversiones de cultivo, o nuevas plantaciones, pero también, a impulsar una marca colectiva que valorice las producciones que surjan en esas zonas ZEPA por el esfuerzo del agricultor en cuidar la biodiversidad que se genera a la sombra de los emparrados de la viña, de los almendros, de tanto pistacho o de los nuevos olivos. Todo esto, el mercado, también puede pagarlo.