Si se acuerdan al principio de la pandemia, en España muchos dijeron que la enfermedad no perdonaba a clases sociales, pues un conocido y acaudalado noble, y también uno de sus amigos, habían fallecido como tantos otros por Covid a pesar de haber recibido un urgente y supuestamente novedoso tratamiento contra la infección.
Ignoro si fue cierto pero seguro que emplearon con ellos todas las posibilidades de curación, aunque como es lógico no sabían sus médicos, ni nadie, con lo que se enfrentaban. El contagio de los presidentes de Brasil o Estados Unidos sigue ahora haciendo correr esa opinión de la que yo discrepo: ciertamente, enfermedad, y siempre muerte, nos llega a todos (menos a Jordi Hurtado), pero no es tan exacto decir que tal igualdad es implacable en cuanto la sociedad dispone ya de algunas referencias de tratamiento y curación. El sida anticipó esta realidad treinta años atrás. Igual que ahora, murieron acaudalados infectados en los primeros momentos, pero andando los meses, tan solo los enfermos de países del tercer mundo y los pobres de las naciones ricas, constituían víctimas mortales seguras. Con unos pocos recursos, era más fácil salvar la vida y esperar una cura.
En la pandemia actual, la esperanza de sobreponerse a los peores cuadros de desarrollo, va disminuyendo, o simplemente desaparece, ante la falta de atención médica (e incluso la necesidad de conseguir medios para el propio sustento, pone diariamente en peligro de contagio a millones de personas). Una vez que, a pesar de todas las broncas políticas y maldades humanas, el hecho incuestionable es que las elites económicas y del poder han preferido reventar la economía mundial para una década, antes que ignorar el problema y sacrificar a las personas mayores (y a cualquiera al que le tocase ‘la china’, -yendo esto con segundas, obviamente-), sería una buena idea continuar dignificando a toda la humanidad, y organizar la distribución de la vacuna con los criterios científicos pertinentes pero sin dejar a la voluntad del mercado farmacéutico la decisión última del orden de vacunación.
La mayoría de los gobiernos han ignorado la investigación científica o la consideran como algo residual, por lo cual es lógico que los laboratorios privados que han tenido que sustituir la irresponsabilidad del poder, obtengan ahora un beneficio por su inversión y trabajo. Sin embargo, esta inevitable conclusión es compatible con la aplicación de criterios generales de vacunación en los que nunca sea la capacidad económica ni ventaja ni obstáculo para tener acceso a la garantía del derecho a la salud. En España podemos dar ejemplo de sensatez, desde hace años, en la asignación de órganos para trasplantes, lo que apunto aquí como idea de que pueda primarse vida e integridad física por encima de criterios alternativos de mercado, sin que se resienta la investigación médica asociada, ni los beneficios de las empresas de ese entorno.