Una imagen que no podré olvidar es la de la constitución del Congreso de los Diputados como resultado de las elecciones de junio de 1977. Dolores Ibarruri, con todo lo que su presencia significaba, bajando los escalones que la llevaban a formar parte de la mesa de edad que presidiría aquella primera sesión. Han pasado 43 años desde entonces y España es una democracia plena que se sitúa en el puesto 19 en la calificación que The Economist publica desde 2006 de 167 países del mundo. Es curioso que, en dicha lista, Bélgica ocupe el puesto 31 y Venezuela el 134, que cada uno saque sus conclusiones. Que España es una democracia plena lo demuestra además la propia composición del Congreso de Diputados actual, así como las declaraciones de algunos próceres de la Patria, que se pueden permitir expresar opiniones que no pasarían el examen de un curso básico de derecho político. Pero dicho esto, debemos recordar que una democracia debe respetar el juego de los contrapoderes.
Si todo el poder se detenta por el Ejecutivo, la situación puede derivar en lo que el famoso Lord Acton, político inglés de finales del siglo XIX, acuñó en la frase: «El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente».  Ya en el pasado siglo el profesor Klitgaard, estableció lo que él definía como la ecuación básica de la corrupción, por la que «corrupción es igual a monopolio de la decisión pública, más discrecionalidad, menos rendición de cuentas». Así se establece que tanta más corrupción habrá cuanto más poder se ostente y menos control sobre el mismo exista. Para evitar esto, fue por lo que se estableció la división de poderes, para que estos sirvieran de controles recíprocos.
Este año, España podrá disponer de fondos de la UE que deberían servir para facilitar la recuperación económica, que tanta falta nos hace. Con posterioridad a la aprobación del Real Decreto Ley 36/2020, relativo a la ejecución de los citados fondos, se ha hecho público el dictamen del Consejo de Estado en el que se advertía del riesgo de falta de control del uso de dichos fondos, así como del incumplimiento por parte del propio Ministerio de Hacienda de la obligación del informe previo de la Intervención General del Estado sobre el uso de estos. Vamos a pensar que el Gobierno se ha dejado llevar de la intención de facilitar y agilizar la correcta disposición de dichos Fondos ya que los mismos han de ser gastados, en una importante proporción, dentro de este ejercicio. Pero es que, en ejercicio del poder, las ‘buenas razones’ pueden abrir el camino para que se haga un uso arbitrario de los mismos. Recuerdo la frase de un eminente político que en los años 90 tomaba decisiones sobre a que pueblos dar prioridad a la hora de apoyar sus inversiones mediante la simple pregunta ‘¿pero este es de los nuestros?’.