Cabe preguntarse quée necesidad tenía el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig de pedir el pasado viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que penalizara a las comunidades autónomas que se han embarcado en una competición por bajar los impuestos, si él mismo, cinco días después iba a anunciar una rebaja fiscal en la que ya venían trabajando desde antes de esa conversación y que va en contra de la posición oficial del Ejecutivo, expresada por sus responsables económicas contraria a esas decisiones, y cuando está pendiente que desde el Ministerio de Hacienda se presente un nuevo plan de "medidas fiscales selectivas" que están en negociación entre los socios del Gobierno.
Ximo Puig se ha esforzado en señalar que sus rebajas fiscales son 'progresistas' y no 'elitistas' porque beneficiarán a los valencianos con ingresos inferiores a los 60.000 euros -eso va más allá de las clases trabajadoras y medias para incluir a las medias-altas-, además de que aumentará en un 10% la cuantía exenta de tributación todos los valencianos, y se amplían en un 10% de todas las deducciones y bonificaciones fiscales, mientras que las rebajas fiscales anunciadas por los gobiernos de Andalucía y Galicia respecto al Impuesto sobre el Patrimonio benefician solo a los más ricos. Las deducciones tendrán carácter retroactivo, afectarán a 1,34 millones de valencianos, el 97,4% del total, y tendrán un coste para las arcas públicas valencianas de 150 millones de euros.
Además de romper el discurso del Ejecutivo -Puig gobierna gracias al pacto del Botanic del que también participan grupos que están en el gobierno de Madrid- el presidente valenciano ha sido tradicionalmente uno de los más beligerantes en favor de una nueva norma de financiación autonómica porque su región se encuentra infrafinanciada desde los tiempos del gobierno de PP.
Pero Puig ha entendido que la batalla fiscal va a ser determinante en el resultado de las próximas elecciones autonómicas, y como el Partido Popular va a poner todo el empeño en recuperar el gobierno de uno de los que considera feudos tradicionales y las encuestas apuntan a esa posibilidad, no quiere dejar de escapar el tren de las deducciones de impuestos como trampolín para la continuidad. Sin embargo, ha dado carta de naturaleza a la política fiscal de sus oponentes que exigen a Pedro Sánchez una deflactación del IRPF que se compensa con el incremento de los ingresos fiscales del Estado como consecuencia de la escalada de precios por la inflación.
Toda la argumentación desatada durante su intervención en el Debate de Política General celebrado en las Corts Valencianas ha sido para justificar que con sus medidas fiscales trata de "beneficiar a las familias con menos ingresos" y de "mejorar la redistribución de la riqueza y la progresividad", y que el descuento no afectará a las personas que más tienen o que más ganan que no verán afectada su situación. Pero que las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE hayan entrado en la puja de las rebajas fiscales sin esperar al Gobierno que negocia con Unidas Podemos para acometer una reforma fiscal que disminuya la presión sobre las rentas del trabajo y las aumente sobre las del capital -patrimonio y beneficios empresariales- suena a un "sálvese quien pueda". Mediante un torpedo a La Moncloa. Y a ver quién pone orden entre tanto desconcierto económico y político.