El pasado 30 de septiembre la Comisión Europea publicó el primer informe a escala de la UE sobre el Estado de Derecho, en el que con referencia a España mostraba su preocupación por la dilación de los procedimientos judiciales, tomaba nota del debate abierto por la relación entre la actual Fiscal General del Estado y el gobierno, y consideraba “la actual situación del CGPJ como un desafío, ya que deben nombrarse nuevos miembros – hecho que a día de hoy no se ha producido”. La reacción del Partido Popular ante esta advertencia de Bruselas que instaba la renovación de los vocales del CGPJ que llevan casi dos años con el mandato prorrogado fue ninguna: hizo caso omiso de las recomendaciones de Bruselas.
Ahora, tras la presentación por parte de los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos de la proposición de ley para reformar el sistema de elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Casado ha aprovechado la cumbre de Bruselas, en la que previamente se reúnen los dirigentes de los grandes partidos europeos, para advertir de la deriva autoritaria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con esa reforma que va en contra de la separación de poderes y la independencia del poder judicial mediante el control del CGPJ.
En su intervención ante sus correligionarios europeos el presidente del PP les relató qué, en dos ocasiones, en este último año, el PP se ha sentado a negociar la renovación del CGPJ y que por tanto no la está boicoteando. Las crónicas no dicen si Casado les contó que en la primera ocasión la negociación se frustró porque el PP presumía de poder controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”, y que en la segunda ocasión hay un cruce de whatsapp con Pedro Sácnhez en que confirmaba que la renovación estaba casi hecha a expensas de cerrar algunos flecos, y que se truncó por las declaraciones de los líderes de Unidas Podemos contra la monarquía tras la salida de España del rey emérito, por lo que a partir de ese momento solo estaba dispuesto a negociar con el PSOE “no con radicales y nacionalistas”.
Una limitación que habrá sorprendido a muchos de los dirigentes europeos algunos de los cuales gobiernan en coalición con ‘nacionalistas’, mientras otros gobiernos cuentan entre sus ministros a radicales de distinta condición y demuestra una concepción sui generis del concepto de pluralismo.
Lo que ha vuelto a hacer Pablo Casado es aprovechar que Bruselas pretende establecer un mecanismo de vigilancia sobre el cumplimiento del Estado de derecho que permitan suspender ciertos fondos comunitarios destinados a la reconstrucción poscovid-19 para que se ponga el foco en el Gobierno español y la reforma del CGPJ. No es por tanto la primera vez que Casado trata de poner palos en las ruedas en la negociación de los fondos europeos que pueden aliviar la situación económica y social de los ciudadanos y la presupuestaria del Gobierno, porque si Sánchez saca adelante los PGE sin grandes recortes, la legislatura tiene mayores posibilidades de terminar.
Por supuesto que el Ejecutivo está preocupado por ser comparado de forma impropia con Hungría y Polonia y que esa relación pueda suponer algún bloqueo en la llegada de los fondos de recuperación. Pero aspira que se imponga la posición alemana más preocupada de la buena gestión de las aportaciones europeas.