La presión de Andalucía contra el sistema de convergencia en las ayudas públicas de la PAC ha podido de momento con el ministro Planas. Y todo pese a que la decisión fue avalada por la mayoría de las comunidades autónomas hace justo un año, a excepción de la región citada, que guardaba la baza política para el momento preciso, cuando se viera el impacto de los posibles recortes.  
Castilla–La Mancha, sin embargo, viene defendiendo avanzar en la equidad de los pagos directos al verse perjudicados -según la Consejería- un gran volumen de perceptores por la anterior negociación respecto a los agricultores de otros territorios que, cultivando lo mismo, mantenían por la vía de los derechos históricos, unos importes medios más elevados. (El FEGA acaba de publicar el mapa).
Esas desigualdades son precisamente las que trata de corregir ahora el polémico Real Decreto que previsiblemente será modificado -más pronto que tarde- a cambio de un supuesto consenso sobre el nuevo Plan Estratégico de la PAC que buscará Luis Planas este mes de mayo. Y todo pese a que también aquí hay sectores ganaderos que no han salido bien parados al converger como vienen denunciando Asoprovac, UPA y Asaja.
De momento, en la reunión mantenida con las comunidades autónomas  el lunes anterior, ha quedado patente que la discusión sigue muy abierta y que nada está tan claro como salvar este primer escollo del período de transición. Así lo han verbalizado al menos las tres principales organizaciones agrarias (opas) en el segundo encuentro de la semana que hablaron claramente de la existencia de un consenso relativo para suavizar la revisión de los pagos directos el año que viene para calmar los ánimos. ¿Primeras monedas de cambio?
Realmente tampoco hay concreción alguna sobre el número de regiones agronómicas que servirán de tapete para distribuir los dineros, y ahí surgen de nuevo grandes diferencias entre las autonomías que abogan por una reducción -otra vez- más suave, y las que como Castilla –La Mancha defienden una simplificación ‘al máximo’, como exigió Francisco Martínez Arroyo en el consultivo preparatorio del encuentro comunitario que hoy celebran los Ministros de la Unión. Entonces, ¿pasaremos de 50 a 5 como se barajó en un principio?
Las ‘opas’ también han tomado posiciones en este punto y no queda tan claro si tal simplificación garantizaría una distribución más equitativa hasta el año 2027, ni cómo deberían agruparse, según que cultivos o sistemas productivos. Al menos mientras no se supriman los derechos históricos como exige también nuestra comunidad cuya fecha final tampoco acaba de dibujarse.
Y esta es verdaderamente ‘la madre del cordero’, como reconoció Pedro Barato tras la reunión con el Ministro; el asunto más complicado de deshacer visto que los tractores han vuelto a salir de las naves para rugir por las calles de algunas provincias españolas.
Aquí tampoco se descartan algunas marchas aunque la excusa podría tener más que ver con el difícil momento que atraviesa el vino si el Comisario hace hoy oídos sordos a la petición de 13 países -junto al nuestro- para que haya un presupuesto extraordinario de rescate.
Así las cosas, y en tanto se aclaran los interlocutores del campo, la presidencia portuguesa de turno pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que concluyan los trílogos y que despejen otra de las grandes incógnitas: cuánto presupuesto destinar a los ecoesquemas o programas medioambientales. De nuevo, no sabemos si será un 20 por ciento, o más. Otro elemento de tensión para la negociación territorial al ver cómo algunos consejeros autonómicos como el de Aragón se resisten a que la Política Agrícola Común ‘financie el medio ambiente’ como si este fuera su cometido.