La declaración del Estado de Alarma ha devuelto a los agricultores y ganaderos del país al lugar que les corresponde en una sociedad. A ese primer puesto de necesidades urgentes a proteger para que a nadie le falte lo más esencial que es la alimentación.
Sin embargo, regular por ley la condición de indispensables o esenciales al tiempo que se limitan derechos como la libertad de circulación y movimiento por las exigencias sanitarias para frenar la expansión del virus, no está siendo tarea fácil. Y sigue sin serlo, tanto para el legislador, como para el sufridor que debe desplazarse ahora a la finca de dos en dos, como mucho, haciendo varios viajes para mover a toda la cuadrilla, para ejecutar el ordeño…, salvo otras fórmulas conjuntas finalmente autorizadas.
Porque pese al blindaje de la actividad, en todo este tiempo ha dominado el principio general de no salir de casa, salvo para las labores imprescindibles, igualmente limitadas en frecuencias, horas y jornales. De hecho, en plena tormenta primaveral, costó aclarar si podías ir a plantar almendros, pistachos o viñas a punto de brotar en el garaje, a podarlas, o a quemar ramones contra el barrenillo. Sortear el desconcierto, insisto, no ha fue sencillo en un escenario -por otra parte- inédito.
La propia organización de las campañas agrícolas para que no falten temporeros que siempre venían de fuera, de otros países, o de otras regiones, ha exigido un Real Decreto Ley (RDL) adicional con medidas urgentes que, hasta el miércoles pasado, no fue convalidado por el Congreso en una sesión parlamentaria interminable, con presencia mínima de diputados, apurando las horas para llegar al BOE antes de que avanzaran más las cosechas tempranas de fruta en Murcia y Aragón.
En Castilla -La Mancha, con bastante diligencia y anticipación, se ha allanado el terreno al elevar al Diario Oficial una orden que amplía la posibilidad de traslados de esos trabajadores sorteando así, legalmente, la exigencia de tener que contar con los de proximidad donde no siempre están, ni seguramente disponibles a pesar de los incentivos para cobrar simultáneamente una prestación por desempleo, por ejemplo, con el jornal.
 De esta manera, aprovechando el margen del RDL, se incorpora como referencia «el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña y el centro de trabajo» para que cualquier candidato pueda moverse de una recolección a otra, mientras disponga de ese alojamiento cercano, aunque solo dentro de la región.
 No será sin embargo el último cambio ya que la vigencia de esta ley expira el 30 de junio, aunque el propio ministro de Agricultura ha avanzado la posibilidad de prorrogarla hasta septiembre para cubrir la recogida del melón, o atender la vendimia.
Mañana lunes, primer día de evaluación de la desescalada infantil, llegarán probablemente novedades para los hortelanos  caseros que, con la misma imprecisión y ambigüedad legal, no han podido acudir con tranquilidad ni seguridad jurídica a sus huertos de autoconsumo donde aguarda lacio e impaciente el cajón de plantones para sembrar.
El desconcierto en todas las provincias por la desinformación y la improvisación de respuestas según cultives en Cuenca o Guadalajara, ha convertido el confinamiento, -también para tantas personas jubiladas que se alimentan durante gran parte del año de su huertecilla- en algo más insoportable.
 Posiblemente se alegren y nos alegremos todos del autocontrol forzoso al huir de la marabunta de la calle y quedarse en casa en el peor momento de la pandemia, aunque son ahora quienes reclaman su ‘merecida’ desescalada al no entender el riesgo de contagio por coronavirus en la soledad de un surco de ese habar sin flores.