Es normal criticar sentencias. Los juristas nos dedicamos en buena medida a ello. También se comprende y resulta adecuado -e incluso necesario- que se destaquen los problemas que afectan a nuestros órganos jurisdiccionales y a su gobierno, desde el retraso demasiado frecuente en la solución de los asuntos, hasta cierta tendencia a la politización, más acusada en los órganos cuya designación depende, en la práctica, de los partidos políticos, como el Consejo General del Poder Judicial, o el Tribunal Constitucional. Por no hablar de las sorprendentes y vergonzosas ‘filtraciones’ de las decisiones. Yo mismo he señalado reiteradamente estas y otras críticas. Pero no puedo compartir que este tipo de críticas se utilicen con la finalidad de deslegitimar las instituciones, de minar su credibilidad, o más ampliamente de cuestionar el valor que la Constitución y nuestro Estado de Derecho dan a las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Si además este tipo de críticas proceden del Gobierno o de los partidos que lo sustentan, me parecen muy especialmente rechazables e irresponsables.
Por desgracia, esto es lo que venimos presenciando en los últimos tiempos, cada vez con mayor frecuencia e intensidad. Por poner solo algunos de los muchos ejemplos, para justificar la concesión de determinados indultos no ha habido empacho en insinuar que las condenas penales que se indultaban representan una actitud de revancha que hay que corregir. Para debilitar la trascendencia de alguna decisión del Tribunal de Cuentas se ha apuntado, de forma manifiestamente errónea, su supuesto carácter administrativo. Para cuestionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el primer estado de alarma se ha desarrollado una contundente campaña, utilizado argumentos tan burdos como que las medidas adoptadas salvaron vidas (cuando el Tribunal en ningún momento cuestiona las medidas, sino la legitimidad de la cobertura del estado de alarma para adoptarlas).  Peor aun, se ha tratado de deslegitimar al propio Tribunal destacando que parte de sus miembros no han sido renovados (lo cual es responsabilidad, en parte, de los propios políticos que lo destacan), o simplemente cuestionando su legitimidad para ‘tumbar’ una decisión aprobada por la inmensa mayoría del Congreso (olvidando que si para algo existe el Tribunal Constitucional es precisamente para señalar cuando la mayoría infringe la Constitución). Frente a estas actitudes, es necesaria una firme defensa de nuestro poder judicial y de los tribunales que ejercen funciones jurisdiccionales, a los cuales tanto hemos de agradecer. Y, cuando proceda, criticar, pro sin deslegitimar.