Algo está fallando en la nueva ley de la Cadena Alimentaria como para que el sector vitivinícola, por ejemplo, en plena recogida de la uva, se haya levantado ya tres veces ante las tablillas y primeros contratos para denunciar unos ‘precios de ruina’. Lo hicieron al principio de la cosecha en Moral de Calatrava (Ciudad Real), después, al salir las primeras referencias en Valdepeñas, y esta misma semana en Villarrobledo (Albacete), alentados por la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y por Asaja cuyos dirigentes saben que no pueden quedar impasibles ante el descontento general y creciente que nadie sabe cómo fermentará.
El rugir de los tractores por las calles de todo el país, este pasado invierno, mezclándose tantos días en la portada de los telediarios e informativos de radio y televisión y en la prensa escrita, sigue perenne en la memoria de todos los productores que, por una vez, sintieron más cerca la comprensión de la opinión pública. Después, se declaró la pandemia, y hubo que pasar a la acción productiva para que no faltaran alimentos.
Pero la consecuencia de aquella presión hacia las distintas administraciones, y especialmente hacia un Gobierno central que nacía en coalición tras semanas de mucha incertidumbre, fue la aprobación de nuevo Real Decreto de medidas urgentes que revisaba la ley de la cadena alimentaria para prohibir la ‘venta a pérdidas’ y regular un punto clave que debería poner fin a los abusos en la formación de precios. La reacción política fue casi inmediata y sin precedentes, con toda la distribución contra el escaparate, y el 26 de febrero el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Legislativo 5/2020 con la citada cláusula obligatoria para que nunca más un precio ofertado quedara por debajo de costes. Las tractoradas seguían en marcha como incrédulas ante el avance legal.
Sin embargo, la norma que revolucionó el debate agroalimentario, a pesar de que rozaba jurídicamente los límites del libre mercado, según el argumento de las grandes superficies por acercarse a una presunta intervención pública, remitía después a índices oficiales que pudiera avalar el Ministerio de Agricultura o, en un su defecto, a la «negociación entre las partes» hasta firmar el contrato que también es obligatorio. Y ese fue el riesgo que pocos calibraron dada la debilidad de muchos sectores ante la industria o los propios compradores.
Y así lo han denunciado estos días ambas organizaciones convocantes de la concentración albaceteña donde hablan abiertamente de «vulneración de la ley» y de «ausencia de negociación libre y real» por la posición de dominio de los operadores.
El sábado pude preguntar ‘A Pie de Campo’ al ministro de Agricultura en la radio. Han pasado casi siete meses de la entrada en vigor y todo corre el riesgo de quedarse en humo, sabiendo las partes que ningún gobierno puede fijar precio alguno. Luis Planas esquivó la posibilidad de publicar y regular referencias públicas para despejar estas dudas de interpretación, y aseveró que «hemos llegado sinceramente al límite con esta modificación legal, y hemos sacado todas las posibilidades». Aunque tiró flechas contra el tejado de aquellos «sectores, empresas o cooperativas que han pretendido decir, esto no va con nosotros». Invitó a denunciar cualquier situación presuntamente abusiva ante la AICA y recordó que el asunto de los costes «va con todo el mundo».