Que el partido de Carles Puigdemont trata de hacer fracasar por todos los medios la mesa de diálogo entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de Pere Aragonés se ha constatado en distintas ocasiones desde que se concretó la posibilidad de que se reunieran para abordar el conflicto catalán y es una de las causas de la crisis interna que vive el Govern de la Generalitat. La última maniobra de JxCat con el nombramiento de una delegación en la que había dos expresos del ‘procés y que no formaban parte del Govern catalán ha sido despachada por Aragonés con rapidez y contundencia dejando fuera de la delegación catalana a los miembros de ese partido si no se avienen a que sean consejeros. El presidente de la Generalitat se ha librado de la última zancadilla de Puigdemont.  

La crisis originada por la composición de la delegación catalana, si JxCAT no varía su posición, viene a sumarse a la generada por la inversión del aeropuerto de El Prat y se contextualiza con la menor participación en la manifestación de la Diada, la sensación de que la ciudadanía catalana quiere pasar página de procesos unilaterales hacia la independencia, y de que el ofrecimiento de diálogo realizado por el Gobierno para abordar cuestiones que mejoren la vida de los catalanes están abriendo una brecha entre los partidos independentistas y favorecen el apaciguamiento en Cataluña. Mientras que desde ERC se mantenga la apuesta estratégica de transitar por una vía pragmática y de reconocimiento de que no hay posibilidad de realizar un referéndum de autodeterminación, el conflicto catalán queda sobre todo circunscrito a sus propias fronteras y a la vigilancia judicial si desde las instituciones catalanas se pone un pie fuera de la raya constitucional.     

En principio la posibilidad de entendimiento entre los partidos independentistas catalanes sobre la eficacia de la mesa de diálogo es tan difícil como que desde los partidos de la oposición se le conceda alguna virtualidad al encuentro de Barcelona, calificado como “una mesa de la indignidad” sin que cese la propagación de dudas sobre unas hipotéticas cesiones que no se han producido, que suponen una posición preventiva ante un improbable referéndum de autodeterminación o la concesión de una imposible amnistía prohibida por las leyes, mientras que desde los tribunales europeos comienza a pinchar el globo de la represión.  

Las posiciones de partida de la reunión no pueden ser más distantes: la agenda del reencuentro con la que se presenta el Gobierno para culminar la lucha contra la pandemia, lograr una recuperación económica justa y proceder a la modernización del país, frente a la petición de independencia y amnistía. Si solo se abordaran las pretensiones de la parte catalana, la reunión apenas duraría unos minutos. Si la reunión se prolonga y se abordan las propuestas del Ejecutivo, el Govern catalán entraría en la dinámica autonomistas, porque a pesar de las dudas manifestadas por los partidos de la derecha sobre hipotéticas cesiones que afectarían a la esencia de la nación española, el grueso del diálogo se habría desarrollado sobre asuntos de la administración de las cuestiones ordinarias y su financiación que es lo que realmente preocupa al resto de gobernantes autonómicos, por si se producen agravios comparativos inaceptables.