No se trata solo de si se ha suspendido la libertad de circulación, sino que las medidas adoptadas en las últimas semanas, han implicado muy intensos límites de muchos derechos fundamentales. Desde la libertad de reunión y manifestación (acaso también materialmente suspendida), hasta la privacidad, severamente afectada por medidas como las previstas en la orden que regula la geolocalización, pasando por derechos como la libertad de empresa o el propio derecho al trabajo, sin olvidar la propiedad privada o la libertad religiosa y de culto. Por supuesto, es indiscutible que existe un fin lícito, o más bien constitucionalmente impuesto, para el establecimiento de estos límites, como es la protección de la vida y la salud. Pero en cuanto a su necesidad y proporcionalidad… con todo lo subjetivo que esto sea, no creo, desde luego, que pueda afirmarse sin más que se cumple en todos los casos.  
Pero hay algo, a mi juicio, más grave. Las restricciones que se vienen anunciando, y en algunos casos imponiendo, a las libertades de expresión e información, no solo resultan preocupantes, sino que parecen haber perdido en muy buena medida la relación con el fin al que dicen servir. Ya existen normas civiles y penales que protegen otros bienes, valores y derechos frente a los eventuales abusos de esta libertad, y la Constitución solo protege la información veraz. Pero el Tribunal Constitucional ha explicado que la veracidad no supone siempre la necesidad de una estricta y completa correlación con la verdad absoluta, sino más bien la demostración de que se ha llevado a cabo una contrastación razonable. El Gobierno no puede dedicarse a identificar y controlar ‘bulos’ para impedir sin más la divulgación de lo que se aparte de la ‘verdad oficial’; ni tampoco que lo puede hacer a través de ‘agencias’ privadas, que no pueden pasar a tener una consideración semioficial. La pregunta de la última encuesta del CIS sobre si se prefiere solo información ‘de fuentes oficiales’, o más bien que no haya límite ninguno a la circulación de bulos, pasará a la historia de este instituto público como ejemplo de manipulación burda y capciosa, pero sin duda trata de ‘crear ambiente’. La persecución a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad de las opiniones críticas con el Gobierno, en la medida en que puedan generar un ‘estrés social’ -peligroso concepto si se utiliza para justificar severas restricciones de las libertades- es una medida que, por mucho que luego se hayan querido rectificar las palabras literales, nos puede servir como señal indicativa de lo que se está buscando. Me temo que el pretexto de la pandemia se está utilizando para impedir o coartar de forma inadmisible el legítimo ejercicio, entre otros, de aquel derecho que constituye uno de los pilares esenciales de toda democracia.