Burla a la Justicia

Oriol Junqueras, condenado hace apenas cinco meses a trece años de presidio por el delito de sedición, ya está en la calle. Sus compañeros de aventura golpista han seguido el mismo camino, fruto de la permisiva aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. Un atajo a todas luces irregular que se está llevando a cabo en contra del propio espíritu de la norma, que exige reconocimiento del delito por parte del preso beneficiado, amén de la promesa de no volver a repetirlo.

En nada de esto se han comprometido los golpistas. Más bien, todo lo contrario. 'Lo volveremos a hacer', insisten a los cuatro vientos. Pero están en la calle. Las juntas de tratamiento de las respectivas prisiones, controladas por el Gobierno catalán, son las responsables de conceder estos permisos, sumamente extraordinarios, de los que disfrutan apenas 400 de los 6.000 individuos que conforman la población reclusa catalana. También ha de darle el visto bueno el juez de vigilancia penitenciaria, en este caso jueza. La fiscalía, en cumplimiento de su deber, ya lo ha recurrido, pero mientras se sustancia esta iniciativa, los independentistas delincuentes ya están en la calle.

Nos encontramos no sólo ante un hecho que implica una auténtica burla a la Justicia, sino ante algo más grave. Con la concesión de estos permisos a los responsables del 'procés' para que prácticamente hagan vida normal, salvo, de momento, dormir en sus domicilios, se está transmitiendo la idea de que se tratan de individuos condenadas injustamente por un tribunal del Estado opresor. Esta flagrante permisividad penitenciaria lanza el mensaje de que la sentencia del Supremo está contaminada por un procedimiento atrabiliario y contaminado, al que ahora se le da la vuelta mediante esta decisión de abrir las puertas de la prisión a los condenados. Un episodio más de cuantos latrocinios se están perpetrando en Cataluña ante un Justicia maniatada y un Gobierno complaciente.