En el Camino

Enrique Sánchez Lubián


En el Supremo hacen un Moa

Entre las condiciones exigidas para formar parte del Tribunal Supremo figura ser jurista de prestigio y reconocida competencia. Los magistrados que han paralizado preventivamente la exhumación de los restos de Franco seguro que reúnen tal requisito, aunque se han retratado como iletrados en historia. Argumentar que desde el uno de octubre de 1936 el dictador era jefe del Estado, sin ninguna referencia a cuanto ocurría en España en aquellos días, es un desliz de difícil justificación, que se asemeja mucho a las tesis defendidas por Pío Moa en su revisión franquista de la II República y la Guerra Civil.
Dos meses y medio antes de tal fecha, una parte del Ejército, en connivencia con destacados civiles, perpetraron un fallido golpe que derivó en fratricida enfrentamiento. A finales de septiembre de aquel año, tras la toma de Toledo por las tropas de Varela, los altos mandos militares sublevados acordaron designar a Franco como «Jefe del Gobierno del Estado, mientras dure la guerra civil». Dos días después, cuando el decreto fue publicado, la acotación final quedó suprimida y sustituida por «quien asumirá todos los poderes del nuevo Estado». Tras ser investido como tal en Burgos, el uno de octubre quedó fijado como ‘Día del Caudillo’. Y así fui obligado de niño a estudiarlo: «en agradecimiento a sus servicios -rezaba la enciclopedia Álvarez-, prometámosle hoy nuestra adhesión y cariño».
Datos del Eurobarómetro y del Índice sobre los Sistemas Judiciales en la UE dicen que España es el cuarto país comunitario donde sus ciudadanos perciben mayor falta de independencia de su sistema judicial, con un 55% de la población que la considera ‘bastante mala o muy mala’. Sin entrar en el fondo jurídico del auto del Supremo, aseveraciones como la comentada en esta columna no ayudan a mejorar la imagen de jueces y magistrados. Elevando al dictador a la condición de jefe de Estado y obviando la legitimidad que correspondía a Manuel Azaña como presidente de la República, en vez de contribuir a normalizar la exhumación, calientan al personal y dan cariz épico al empeño por cumplir, contra vientos y mareas burocráticas, administrativas o judiciales, lo decidido por el gobierno y el Congreso de los Diputados. Como anda diciéndose por ahí, va a costar más sacar a Franco del Supremo que del Valle de los Caídos.