La izquierda presume de ser la única ideología que da prioridad a las cuestiones sociales, y con ese argumento consigue el voto mayoritario de las clases económicamente más desfavorecidas. Sin embargo es una falacia, por mucho que, de tanto escucharlo, ese principio se haya asentado en un sector amplio de la sociedad, dentro y fuera de España.
La mejor política social es la que promueve creación de empleo, y no es casual que Pedro Sánchez haya asumido sin demasiada contrariedad hacer un mínimo retoque a la reforma laboral en lugar de derogarla como había prometido: gracias a esa reforma puede presumir de buenas cifras de empleo. El mérito es de otro, pero se los apunta su gobierno.
Estos días, los jubilados que reciben la triunfalista carta del ministro Escrivá en la que les anuncia que les han subido las pensiones, se quejan de dos cosas: primero, que la subida no corresponde al incremento real del IPC, como se había prometido; segundo, que Escrivá les considera tontos si piensa que no se iban a dar cuenta. Los pensionistas, pero también sectores que el gobierno marca como principal objeto de su atención, han calado la demagogia de la izquierda. También la clase media, supuestamente objeto de interés de derechas e izquierdas, y en estos momentos crujidos por los impuestos. Y aún quedan más por subir, la ministra Montero es insaciable en sus afanes recaudatorios.
Docenas de miles de agricultores y ganaderos se han manifestado recientemente en Madrid. Protestan porque las medidas del gobierno no solo los ahogan sino que imposibilitan su supervivencia. Se anuncian nuevas subidas de carburantes y fertilizantes, lo que significa también subida del transporte y de los precios para todos los consumidores. La tan publicitada ley de vivienda y de alquileres se ha demostrado que perjudica sobre todo a los pequeños propietarios que han dedicado todos sus ahorros a comprar una vivienda con la que superar las estrecheces de la vejez gracias a su alquiler. Los grandes propietarios en cambio siempre encuentran fórmulas que les permiten sortear legalmente la aplicación de la ley. El ingreso mínimo vital, al igual que el bono joven de alquiler, están tan plagados de condicionamientos que solo pueden acceder a ellos una minoría, por no hablar de la burocracia insoportable y lenta que bloquea las posibilidades de éxito. Por otra parte el Salario Mínimo Vital es imposible de aplicar por pequeñas empresas y negocios familiares que con frecuencia acomodan el salario a los ingresos del mes. Las grandes empresas se lo piensan mucho antes de ampliar plantillas o convertir en indefinidos a sus trabajadores temporales.
A ello se suma la ineficacia del gobierno actual para aplicar medidas efectivas contra la subida de la luz, la inflación, los ya mencionados carburantes, los también mencionados impuestos y las nuevas tasas que se anuncian cada día. Eso sí, la izquierda vende como nadie su preocupación absoluta por las cuestiones sociales.