Una de las máximas de la marcha de la economía mundial es que sus diferentes estados de crecimiento o decrecimiento vienen en ciclos, por oleadas, más o menos separados en el tiempo. Nadie podía decir hace cinco años, cuando dejamos atrás la última recesión, que en tan corto período de tiempo el monstruo volvería a asomar la cabeza, pero aquí le tenemos de nuevo, advirtiendo a todo el que quiere escuchar de que su llegada es irreversible. Acabó el tímido ciclo alcista, y llega otro depresivo. Y la regla básica en España, un país especialmente vulnerable a todas las perturbaciones económicas, es que no hay gobierno socialista que se precie sin su crisis económica, sin su destrucción de empleo gigantesca y sin sus recetas equivocadas para afrontarla, basadas en darle al botón de encendido de la máquina de gastar dinero público. Sí, convendremos que esta vez la desaceleración no tiene elementos acelerantes de carácter interno como ocurrió en la de Zapatero en 2008, con aquella burbuja inmobiliaria en la que colaboraron también lo suyo los gobiernos de un tal Aznar. Nadie puede atribuir al presidente cesante en funciones que haya provocado la guerra comercial entre Estados Unidos y China, ni que alentara a los británicos a votar sí en el infausto referéndum del Brexit, factores ambos que nos dejan a los pies de los caballos a los españoles.

Pero sí se le puede afear a Pedro Sánchez, candidato, presidente, resistente y convocante o provocante obsesivo de elecciones en España, que eche mano de aquellas recetas que el PSOE siempre considera como el bálsamo de Fierabrás para un proceso de enfriamiento de la economía, y que al final resultan ser como el cianuro. Ocurrió en 2010, y volverá a ocurrir ahora con la sustancia aditiva que supone una campaña electoral de por medio. Cada comparecencia pública, cada entrevista del candidato socialista termina con la aportación de un nuevo aguinaldo para los ciudadanos: subida de pensiones, menos peonadas para cobrar el PER o incremento del salario de los funcionarios. Como si el déficit público, que tampoco es de nadie igual que ocurre con el dinero, no tuviera consecuencias en la vida diaria de los españoles. La quiebra total en que se sumió al país en 2011 obedeció a esas recetas sobre las que ahora insiste el mismo partido que entonces las instauró, aunque esta vez con las urnas delante. Con la misma gracilidad con la que se anuncia la subida de las pensiones al mismo nivel que el IPC debería explicarse cuánto supone eso de mejora en euros contantes y sonantes para un pensionista, y cuánto perjuicio causa a las arcas públicas en un momento de elevadísimo riesgo de recesión económica.