La queja no es nueva pero tampoco anecdótica porque refleja el sentir de casi la mitad de la magistratura española. Cerca de 2.500 jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura, la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente remitían este lunes un escrito a la Unión Europea denunciando un «riesgo de violación grave» del Estado de Derecho por parte de los estamentos políticos. Consideran que las últimas reformas legislativas, impulsadas por PSOE y Unidas podemos y que vienen a limitar las atribuciones del CGPJ en funciones, ponen en entredicho la independencia judicial.
No es la primera vez que la intromisión política que denuncian buena parte de los jueces españoles traspasa fronteras. El pasado mes de octubre, la Asociación Europea de Jueces alertaba del «paso atrás» de España en independencia judicial y ponía el foco en que la reforma anunciada por el Gobierno para la renovación de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vendría a aumentar la «influencia política» en los nombramientos. Así, este colectivo alertaba entonces de que ante un CGPJ pendiente de renovación y todavía en funciones, sus integrantes de procedencia judicial «seguirán siendo elegidos por el Parlamento y no por sus iguales», un argumento que se encuentra en la génesis de la misiva de los magistrados españoles a la Comisión Europea en la que los firmantes solicitan la adopción de medidas contundentes como sanciones o la limitación a los acceso a fondos europeos.
Los partidos políticos parecen dispuestos en los últimos tiempos a cruzar sin complejos esa cada vez más difusa línea que les separa de un poder judicial cuya independencia se pone de forma permanente en cuestión. Es sintomático que uno de los pocos acercamientos entre PSOE y PP, frustrado por los vetos cruzados a Unidas Podemos por parte de los populares y por el intento de los socialistas de imponer al juez de la de Gürtel Ricardo De Prada, haya sido por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo, no ayudan nombramientos pocos estéticos y cuestionables en lo ético como el de la fiscal general del Estado Dolores Delgado, ministra de Justicia del primer Gobierno de Sánchez.
Flaco favor se hace desde los estamentos políticos a la imagen de imparcialidad que ha de trascender de una Justicia por momentos colapsada y que atiende otros desafíos derivados de la falta de medios materiales y humanos o de una modernización tecnológica que no acaba de completarse. Al mismo tiempo, el tradicional cuestionamiento de las decisiones que emanan de los tribunales, en función de si la sentencia de turno es favorable a uno u otro partido, afecta gravemente a una percepción de los estamentos judiciales erosionada entre la opinión pública.