Mónica Oltra ha sido imputada, razón por la cual la actual vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha venido reclamando durante años la dimisión de algunos dirigentes del PP, especialmente de Francisco Camps, que ya colecciona nueve casos en su contra archivados. Si Oltra fuera una política honrada, con un cierto respeto por la ética democrática, e incluso por su propio compromiso con la verdad, habría puesto el cargo a disposición de su partido y se habría ido a casa. Pero tal gesto implicaría una situación complicada para su horizonte jurídico ya que perdería su aforamiento, por lo que tendría que hacer frente a este asunto en los tribunales ordinarios como un ciudadano más. Es irrefutable que lo reclamaba para Camps, y que fundamentó buena parte de su carrera política, debe aplicarlo ahora a ella misma.
El asunto que siembra un manto de sospecha sobre Oltra no puede ser más escabroso. La fiscalía, y el tribunal así inicialmente lo asume como indicio, subraya la posible connivencia de la imputada con diversos funcionarios a su cargo «con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada». Los hechos no pueden ser más repugnantes. El entonces esposo de la líder de Compromís fue condenado a cinco años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 14 años que estaba tutelada en el centro en el que ejercía de cuidador. Centro que, casualmente, depende de la Consejería de Asuntos Sociales que dirige la imputada Oltra. Tres funcionarios de la Administración están asimismo imputados.
El asunto avanza inexorable y firme por las salas de la Justicia, lo que, dadas las circunstancias, en motivo de satisfacción. Las pruebas se acumulan, incontenibles. La única respuesta que ha sido capaz de esgrimir la dirigente izquierdista ha sido que se trata de una campaña de la extrema derecha y que, por lo tanto, ella no puede dimitir porque debe poner a salvo a la Comunidad que vicepreside de estas ofensivas ultras. Imposible comulgar con semejante argumento. Lo razonable es que, siguiendo lo establecido por su propio partido, cediera su puesto a la espera de que la Justicia se pronuncie. Es lo que le exigía a Camps a gritos. Y a Rita Barberá. Y a tantos.
El PSOE tiene un problema. El que se reclama partido 'más feminista' de la historia no sólo ha mirado hacia otro lado en este vidriosdo escándalo sino que ha sido incapaz siquiera de decir una palabra en defensa de la niña abusada y, por supuesto, ha evitado en todo momento cesar a su socia de Gobierno. Ximo Puig es, por lo tanto, cómplice de este affaire tan tenebroso. Y lo seguirá siendo mientras Oltra siga en el cargo. Cierto que políticamente quizás resulte conveniente mandar a su casa a su mano derecha en el Ejecutivo. Transmitía una sensación de fragilidad, inestabilidad y hasta culpabilidad. Pero tiene un problema. De ahora a las elecciones autonómicas de mayo, cada vez que aparezca junto a Oltra en los actos públicos todo el mundo pensará en la imagen de la niña abusada y en el comportamiento inhumano y detestable de esos dos políticos que pretenden seguir al frente de una región tan sólo en base a la superioridad y la impunidad de la izquierda. La Justicia y los electores valencianos pondrán a cada cual en el lugar que le corresponde.