La explosión de toneladas de nitrato de amonio, más de seis años almacenadas en un muelle, ha sido la causa de una catástrofe que ha desolado, con miles de víctimas y un puerto destruido, a la ciudad de Beirut y ha dejado el alma del mundo sobrecogida. En un principio se formularon distintas hipótesis, más o menos sesgadas, que se han ido descartando al decantarse por la más probable: una serie de negligencias debidas a la falta de regulación y control del riesgo de una mercancía peligrosa por las autoridades libanesas.

El Líbano lleva años sumido en una crisis política agravada por la situación económica debida, según explican los estudiosos de las relaciones internacionales, a una estructura política que al no asentarse en el interés general promueve la corrupción como método de gobierno. El particular modelo de Estado libanés reparte el poder entre las instituciones mediante el equilibrio político de las distintas confesiones religiosas de la población. Así, conforme al censo de 1932 previo a la independencia, la constitución establece que el Presidente debe ser un cristiano maronita, el Primer Ministro un musulmán suní y el Presidente del Parlamento un musulmán chií.

La historia del nitrato de amonio se remonta a 2013 cuando un barco de bandera moldava atracó de emergencia en Beirut debido a problemas técnicos y su carga fue confiscada por un conflicto tarifario administrativo sin resolver. Desde entonces, estaba retenida en condiciones inadecuadas de seguridad en el puerto. Para los libaneses, semejante desastre no es un accidente y hacen responsable a su gobierno, ahora dimisionario, por no prevenir el riesgo y someterlos al peligro. Han resurgido con fuerza, tras meses de protestas, los movimientos ciudadanos que claman para que la identidad nacional inspire un Estado de derecho con una estructura institucional eficiente, no confesional, dirigida al bien común de todos los libaneses, igualitaria y transparente.

Aunque se utilice como explosivo en minería, el nitrato de amonio se emplea con más frecuencia como fertilizante nitrogenado para estimular el crecimiento de los cultivos y devolver al suelo los nutrientes tras la cosecha. El desarrollo tecnológico del siglo pasado permitió su obtención a un coste muy bajo en comparación con el beneficio que reportaba en la agricultura intensiva, necesaria para alimentar un nuevo modelo social, y su empleo se generalizó. Sin embargo, a lo largo de su ciclo de vida - obtención de materia prima, fabricación, almacenamiento, transporte, aplicación en campo y gestión de residuos- están asociados a riesgos para la sociedad. Además del peligro de explosiones, su producción requiere un gran consumo energético normalmente de fuentes no renovables, afecta a la salud por la exposición al amoniaco y al medioambiente por la emisión de gases de efecto invernadero. Su exceso desequilibra la estructura del suelo, reduciendo la productividad de las tierras. Y sus residuos en las aguas subterráneas conducen a la eutrofización de los hábitats de agua dulce. Razones por las que la acción climática del reciente Pacto Verde de la UE plantea reducir un 20% el uso de fertilizantes químicos y promover prácticas agrarias sostenibles.