Fue hace setenta y tres años, el nueve de junio de 1948, cuando la UNESCO estableció el Consejo Internacional de Archivos, cuyo primer Presidente fue el Director General de los Archivos de Francia que por entonces ostentaba el cargo, Charles Samaran. Casi veinte años atrás, en 1931, y bajo la tutela de la Sociedad de Naciones, se constituyó el Comité Consultivo Permanente sobre Archivos, que publicó en 1934 la primera Guía Internacional de Archivos. Por su parte, el Consejo Internacional tuvo desde su fundación una actividad de gran interés para el mundo archivístico, como son la creación de la revista Archivium, la publicación de la Guía de las Fuentes de la Historia de las Naciones entre 1958 y 1984 y, ya en el siglo XXI, las Recomendaciones del Consejo de Europa R13 sobre política europea de acceso a los archivos y R15 sobre la enseñanza de la Historia en relación con los archivos. Finalmente, será en 2008 cuando se establezca el Día Internacional de los Archivos, que se celebra el nueve de junio de cada año.
El Diario Oficial de nuestra región publicó hace menos de una semana la Orden 71/2021, reguladora de precios públicos de los archivos, museos y bibliotecas gestionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, los museos de titularidad regional y el Centro de Restauración y Conservación de Castilla-La Mancha. Que se publique cerca del nueve de junio no sé si es casual o no. Lo que sí sé es que se ha hecho eco de una petición que un gran número de investigadores, y me incluyo, hemos pedido durante años de distintas formas: la posibilidad de poder reproducir documentos de los archivos con medios propios aportados por los usuarios. Era una demanda muy necesaria, puesto que el trabajo de campo entre documentos es muchísimo más ágil si el investigador puede hacer uso de medios propios para la reproducción, en tanto le ayuda a producir más rápido sus trabajos al contar con una copia del documento sin tener que depender del personal de los archivos, cuya carga de trabajo es grande, al igual que su labor siempre es muy cuidadosa, profesional y digna de elogio. Nuestra región tiene suerte por sus archivos, pero tiene más suerte aún por sus funcionarios de archivo. Cuando uno está metido con cierta habitualidad en las labores de investigación en archivos sabe esta realidad, porque un buen o un mal funcionario de archivo pueden ser lo mejor o lo peor a la hora de extraer toda la documentación que sea procedente y lo más importante y curioso de su contenido.
No obstante, todavía nos queda en España un frente abierto cuya viabilidad habría que estudiar con detenimiento, que no es otro que la puesta en valor y la sistematización de los archivos privados. Al igual que contamos con grandes coleccionistas de arte, pintura, escultura, cerámica u objetos curiosos y singulares de diversos lugares, hay que pensar que existen en muchas casas archivos privados de altísima importancia que, al no poder estar a disposición del público, cortan el ámbito de algunas investigaciones de interés. Me refiero con esto a archivos de familias nobiliarias, de historiadores y coleccionistas de determinada documentación, archivos fotográficos, minutarios heráldicos o documentación etnográfica, entre otros ejemplos. En los archivos de titularidad regional, por ejemplo, contamos con la suerte de que algunos de esos archivos han terminado en manos públicas y se pueden consultar, tales como el Archivo Rodríguez de fotografía o los fondos de Javier Malagón, Bienvenido Herreros o Francisco Mendoza. Ello, sin contar con que Toledo tiene el privilegio de contar con el Archivo de la Nobleza, donde se custodian multitud de fondos sobre más de doscientas familias nobles españolas y que es lugar de referencia para los estudiosos de las disciplinas relacionadas con la nobleza.
Cuidar los archivos significa democratizar el conocimiento del pasado. No en vano, las fuentes primarias son las que hablan del hecho histórico con mayor veracidad, provengan de donde provengan. En un archivo no solo se extraen datos, sino que también se conocen los entresijos intrahistóricos de los hechos de los que los documentos dan fe. Por lo tanto, cuidar de los archivos forma parte de nuestra inteligencia como sociedad, pues no hay absurdo mayor que borrar el pasado. Por ello, me parece que sería muy interesante que la Junta de Comunidades crease una institución cuya finalidad fuese la de localizar, catalogar y garantizar la conservación de los archivos privados de quienes quisieran ponerlos a disposición pública y procurasen la integración de sus fondos en los catálogos a disposición de los investigadores cuya consulta les pueda ser interesante. Pensemos, además, que al ser archivos o bien de carácter familiar o bien hechos en base a criterios muy concreto a la hora de seleccionar su contenido, sus fondos son en su gran mayoría muy específicos y de temas muy concretos, por lo que pueden resultar interesantes para abordar temas de investigación que hasta ahora no han podido llevarse a cabo por falta de documentación pública. Se me ocurre, por ejemplo, que se puede crear una fundación pública únicamente dedicada a eso, donde los estudiantes de Humanidades, Historia o másteres de esas ramas de nuestra universidad regional, dirigidos por profesores y archiveros, pueden empezar su carrera profesional haciendo labores becadas catalogando esos archivos, lo cual les daría una trayectoria inicial muy interesante. Es una idea que traslado desde aquí a las autoridades regionales encargadas de la cultura, con la seguridad de que, al menos, estudiarán la propuesta.