Una podría pensar que subir de 900 a 950 euros el salario mínimo interprofesional es una pequeña conquista teniendo en cuenta las expectativas creadas por la mayoría de trabajadores y trabajadoras de este país, arrojados a la precariedad y a la pobreza tras la gestión de la crisis económica mediante la desregulación laboral y el desguace del empleo. Mucho es el terreno que hay que desandar para poner orden y derechos en la ley de la selva que ha reinado tras las reformas laborales de PSOE-PP y que han favorecido el despido regalado, salarios de miseria y una temporalidad inadmisible. Pero es precisamente esta situación de partida la que confiere a esta decisión del gobierno una importancia incontestable. Insuficiente pero positiva. Y con un valor simbólico también importante dentro de la liturgia del diálogo social. No deja de ser paradójico que sea la Ministra “sindicalista” y “comunista” la que arranque el primer acuerdo para el mercado de trabajo en muchos años y sea para favorecer al eslabón más débil. En Castilla – La Mancha, la tercera región con los salarios más bajos, podrán beneficiarse unas 60.000 personas por la subida del SMI, según CC.OO. Estoy pensando en sectores como la hostelería o el comercio, de los más precarizados y en algunas zonas de nuestra región, única posibilidad de empleo para mujeres y jóvenes. 

El trabajo sigue siendo hoy en día en nuestra sociedad, un elemento fundamental para la autonomía personal, inclusión social y la igualdad. Siempre y cuando esté retribuido con un salario digno que permita esa autonomía y el acceso a los bienes y servicios. Por eso sabemos que la subida es insuficiente y también es incompleta si no se sube también el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), es decir, el índice de referencia para saber si uno tiene derecho a recibir ayudas sociales, subsidios por desempleo o becas, y para determinar su cuantía. Una herramienta que puso en marcha el gobierno precisamente para que las subidas del SMI no afecten a las prestaciones sociales aumentando el gasto público. Este indicador que está en 538 euros afecta a millones de personas, sobre todo a las más vulnerables. Entre ellas a esos trabajadores que con una subida de 50 euros del salario mínimo, tendrán que seguir acudiendo a los servicios sociales y a las ayudas públicas para llegar a fin de mes. Es lógico que si sube el SMI lo haga también el IPREM, que lleva estancado desde prácticamente su creación. La propia Ministra de Trabajo así lo ha dicho, pero en este caso no es su competencia. Aquí la negociación parece más complicada. ¿Le será más fácil a la Ministra la negociación y el acuerdo con los empresarios que con sus compañeros de gobierno?

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