Aunque la sentencia del procés no será firme hasta que hoy o mañana la firmen los siete magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y hasta el último momento cabe la posibilidad de que alguno de ellos emita un voto particular, de momento ya ha trascendido que el alto tribunal, por decisión unánime, castigará a los líderes independentistas atendiendo a los argumentos de la abogacía del Estado y no a los de la fiscalía: delito de sedición y malversación, pero no de rebelión, el de mayor gravedad de cuantos pesaban sobre ellos. También, por ejemplo, que Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern de Cataluña, será condenado a una pena de un mínimo de 12 años.
El incesante goteo de filtraciones durante este fin de semana de la más relevante resolución judicial de la historia de la democracia es tan grave que requiere la urgente apertura de una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para aclarar quién o quiénes han propiciado su difusión. Como era previsible, las defensas de los nueve políticos en prisión preventiva ya han advertido de que denunciarán por las filtraciones al Supremo si se confirman las penas anunciadas en la prensa. Este incómodo episodio para el presidente de la Sala, Manuel Marchena, no se puede cerrar con unas meras lamentaciones o unas disculpas alegando que es imposible de evitar que algo así ocurra, como trasladó en una conversación informal con periodistas durante la recepción del pasado sábado en el Palacio Real con motivo de la Fiesta Nacional. El escape de una información tan trascendente, ya no solo para los propios acusados, sino por todas sus posibles consecuencias políticas y sociales, es un impropio epílogo para un juicio que ha sido ejemplar.
Mucho más inadmisibles que las filtraciones, como también las han tachado los líderes del PxCat o el PNV, son sus acusaciones de que esto demuestra la pésima calidad del sistema democrático y judicial español. Que uno o varios funcionarios del Supremo sean desleales a la administración de justicia no demuestra nada más que eso, y por ello cabe exigir sanciones graves de responsabilidad disciplinaria.
Para lo que sí ha servido la filtración es para testar cómo será la reacción independentista. Ayer en Barcelona, con protestas en la estación de Sants y varios cortes de calles, ya se ensayó la llamada a la desobediencia civil, ese peligroso recurso para eludir la desobediencia institucional. Habrá que esperar para conocer la literalidad de la sentencia, los hechos probados, los delitos atribuidos y las penas impuestas. Para entonces ya habremos confirmado que se puede hacer frente a la subversión con la ley en la mano.