La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y el impase de la celebración de las fiestas navideñas dieron la impresión de que se daba paso a una nueva fase en las relaciones entre el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno de coalición, que de cara al exterior presenta más fisuras que ligazón en el momento en el que surgen motivos de discrepancia. Pero comienza el año como acabó el nefasto 2020 con los mismos desencuentros entre ambas partes del Ejecutivo una vez más a cuenta del modelo de Estado reflejado en la nonata comisión de investigación sobre las actividades presuntamente corruptas del rey emérito, Juan Carlos I, o con las medidas para evitar la subida de la luz en los días más duros del invierno.
El punto de encuentro ha sido el acuerdo en la Mesa del Congreso para agilizar, por la vía de urgencia, la ley para anular la posibilidad de que el Consejo General del Poder Judicial realice nombramientos mientras se encuentre en funciones –y el órgano de gobierno de los jueces lleva en esta situación más de dos años- y que el propio CGPJ no pueda emitir un informe sobre esa ley que surge del poder legislativo, como había solicitado. La tramitación de la norma es una forma de presionar al PP para que desbloquee su renovación hurtándole una de sus materias fundamentales que ha continuado ejerciendo a pesar de su anómala situación. ¿Aceptará el CGPJ no decir nada cuando se trata de modificar sus prerrogativas? No sería la primera vez que este órgano emite dictámenes que no se le han pedido, como bien sabe el actual responsable de justicia del PP, Enrique López. En fin, donde la oposición de derechas ve un intento de los socios del Gobierno de copar las instituciones, estos consideran que el PP desprecia cumplir los preceptos constitucionales cuando no le favorecen.
Dónde Unidas Podemos centra su labor política de oposición al Gobierno del que forma parte es en la cuestión de la Monarquía. Los letrados del Congreso abrieron la puerta a una comisión de investigación sobre el uso de tarjetas black por el rey emérito, pero el PSOE la ha cerrado de un portazo, alineándose con la oposición de derecha y dejando en la estacada a los socios de la investidura y los PGE. Pedro Sánchez considera que es suficiente con la ‘hoja de ruta’ de transparencia y modernización que ha de seguir la Casa Real, y en este sentido está más cerca del sentir ciudadano que no cuestiona ni la Monarquía ni la figura del actual rey y que considera que no es un melón que haya que abrir en estos momentos. UP se ha topado con un dique en el que la ministra de Defensa, Margarita Robles es uno de los pilares fundamentales. Sus dirigentes no dudan en relacionarla con la extrema derecha. Debe de ser que desconocen su historial previo.
La subida de la luz pilló a los dirigentes de Unidas Podemos despistados y han tardado en reaccionar. Luego lo han hecho tirando por elevación, con la petición de nacionalizaciones de empresa eléctricas y la acusación de pereza a los socialistas para no abordar la regulación del mercado, de forma que se impida la especulación. Unidas Podemos querría legislar en caliente en este asunto que es la mejor forma de errar. Al Gobierno, en el mejor de los casos, le quedan tres años por delante, tiempo suficiente para hacerlo bien.