El artículo 1.1 de nuestra Constitución dispone que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho…» Al nombre de España se le añaden tres apellidos: social, democrático, de Derecho.
Somos una democracia líquida y un Estado de Derecho imperfecto como expuse en su momento (véase la colaboración nº 2). Sobre estos dos apellidos se ha escrito mucho. Pero ¿somos un Estado social? Sobre esto apenas se ha escrito. Y la pregunta es ¿en qué consiste el Estado social?
Frecuentemente se confunde el Estado social con el Estado de bienestar. Y hay quien entiende que el Estado de bienestar es aquel que debe proporcionar al ciudadano todo tipo de servicios y prestaciones ‘gratis total’: vivienda, educación, sanidad, transportes, ocio, dependencia, pensiones, etc. Si así fuera, el ciudadano dependería totalmente del Estado, que es lo que algunos pretenden.
Pero para el humanismo cristiano, el Estado social es otra cosa. Es aquel Estado en el que, por el solo hecho de nacer en un país con un nivel adecuado de desarrollo económico y político, se garantiza a sus ciudadanos unos servicios y prestaciones básicos, de manera que cada uno de ellos pueda mejorarlos con su esfuerzo y sacrificio, corriendo el riesgo de la propia aventura personal, o lo que es igual, progresar o fracasar de acuerdo a los propios méritos.
Y después de más de 40 años de haber sido aprobada nuestra Constitución, forzosamente debemos preguntarnos si se cumple en España el mandato constitucional.
No cabe duda de que en España gozamos de un alto nivel de bienestar, gracias al desarrollo espectacular de los últimos 50 años, aún con todas las desigualdades que subsisten. No olvidemos que buena parte de este desarrollo lo debemos a nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Igualmente es admitido por propios y ajenos que disfrutamos de un buen Sistema Público de Salud, aunque se deben cuidar las consecuencias del abuso que siempre acompaña a lo gratuito. Ahora será puesto a prueba con el coronavirus.
También tenemos un Sistema de Enseñanza pública y privada, que en los niveles no universitarios cumplen la regla de oro: que hay tantas plazas como alumnos en edad escolar, aunque la calidad, según el informe PISA, deje mucho que desear. Por el contrario, en los niveles universitarios, es vergonzoso no encontrar ningún Centro español  entre las mejores Universidades del mundo.
No puede ocultarse que existe un grave problema de vivienda social que impide a muchos jóvenes formar una familia.
Y en lo relativo a las pensiones, dependemos de las posibilidades presupuestarias mientras el sistema de financiación sea el de ‘reparto’, es decir, las pensiones de hoy se pagan, no con lo que había cotizado el pensionista en su vida activa (sistema de capitalización), sino con lo que cotizan los actuales trabajadores y empleados. Es admitido por todos, que el sistema es inviable a medio y largo plazo.
Pero ¡atención!, el ciudadano del siglo XXI ya no se conforma con mejoras económicas. Ahora son más importantes los sentimientos: nacionales o religiosos.