El caso de la familia de Canet, que tanta repercusión está teniendo por algo tan simple como haber logrado que el Tribunal Supremo ratifique la sentencia del TSJC dándoles la razón para que la escuela a donde asiste su hijo (de 5 años) imparta el 25% de las horas lectivas en castellano, tiene consecuencias diversas. Por un lado, otras familias siguen su ejemplo y piden ante los tribunales lo mismo, y por otro el Parlament, vota una moción de la CUP que sale adelante con los votos de ERC, Junts, CUP y Comuns para que la Conselleria de Educación de la Generalitat asuma «la plena responsabilidad política y jurídica en la instrucción y aplicación» de la inmersión lingüística en las escuelas catalanas. Más claro imposible, no tienen la más mínima intención de cumplir la sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. Ni una condena a los ataques que recibe esta familia, ni reacción alguna que ponga de manifiesto su intención de cumplir y hacer cumplir la Ley, así como las sentencias de los Tribunales. Queda claro que esto no debe ir con ellos, si algo no les gusta, no se cumple, así de sencillo. Como ha habido precedentes de que a la larga no les pasa nada, ¿por qué preocuparse?
El Gobierno del Estado, que debe amparar a cualquier ciudadano que vea vulnerados sus derechos y que, a través de sus órganos debe cumplir y hacer cumplir la Ley, se pone de perfil ante esta situación, como en otros muchos casos, no sea que se molesten los desleales y trasgresores, que a si mismos se ven como víctimas de un 'Estado opresor', ¡manda narices!
Y es que, en efecto: «¡Triste enfermedad esa de creerse un hombre o un pueblo vejados! ¡Tristes quisquillosidad y recelosidad españolas! ¡Triste manía persecutoria colectiva! ¡Por donde se va a parar a las republiquetas de taifas, al pueril juego de estatutillos resentimentales!» (Miguel de Unamuno, 1931).
90 años han pasado y siguen parados en el mismo sitio.