Cuarenta y cuatro años de la Constitución del 78, la Constitución de la democracia y de la (primera) Transición. El peso específico de cualquier texto constitucional tiene una doble vertiente: ser 'norma normarum', norma sobre todas las normas y cúspide de la pirámide jurídica del Estado; y ser el compendio más inmediato del pensar y del sentir de un país tanto en su aspecto político como en su concepción de Estado. Por eso, quizá el constitucionalismo contemporáneo, junto con el remozamiento de las codificaciones europeas (que no son invento contemporáneo, sino más bien romano), ha sido el gran éxito jurídico de nuestro tiempo, pues la Constitución debe servir como criterio moderador de toda la actividad no solo de los particulares, sino también, y sobre todo, de los poderes públicos.
En países como Dios manda, lo que rodea a la Constitución debería ser respetado con categoría casi de sagrado. Ningún poder del Estado, y menos aún ningún particular que esté representando o desempeñando algún poder del Estado, puede tener la facultad de romper los mecanismos que los ciudadanos elegimos para regir los pasos de nuestras respectivas naciones. Echo mucho de menos que los españoles consideremos al Derecho como lo que es: un código de conducta como ciudadanos. Y echo más aún de menos los tiempos en los que el debate constitucional partía de principios y fundamentos sólidos, basados en el conocimiento y defendidos sobre la base del respeto y el sentimiento hacia nuestro país. Tengo claro que, si cuarenta años y una generación y pico después nos estamos peleando con el texto constitucional como arma arrojadiza, es que algo estamos haciendo mal. ¿O no es un ataque a la Constitución -y, por tanto, a todos los españoles- que un conciliábulo de personas sin autoridad para ello decidan seccionar en dos el Estado? ¿O no es un ataque aún mayor a España que, tras el fallo ejemplar del Tribunal Supremo, se premie con el indulto a quienes proyectaron el nuevo finis Hispaniae?
Por eso, tengo la sensación de que en España nos falta mucha pedagogía constitucional. Y llamo 'pedagogía constitucional' no a la torsión interesada de sus artículos o a un conjunto de meros mensajes dulcificantes en los libros de texto de los estudiantes, sino a la creación de una auténtica conciencia -tanto hacia uno mismo como en relación con el resto de ciudadanos- de los principios esenciales que encarna la Constitución de 1978 como norma cimentadora de la convivencia en nuestro hoy compartido. Comparto con Severo Ochoa la opinión de que es absolutamente necesario «hacer un gran esfuerzo para progresar espiritualmente, y es necesario llevar la cultura y la educación a todas las clases sociales». Hagamos de este criterio un instrumento analógico para nuestros principios y valores. Solo el día en el que entendamos la importancia de proteger las normas que nos regulan podremos celebrarlas como se merecen. Ese será el día en el que las intromisiones ilegítimas que, por desgracia, están protagonizando algunos sectores de los propios poderes constitucionales, serán anécdota más que realidad.