Y  a pasó el homenaje de Estado en recuerdo a los fallecidos por la COVID-19 y en reconocimiento a quienes desde la primera línea han trabajado, y siguen haciéndolo, para cuidarnos de esta terrible pandemia y de sus secuelas sanitarias, sociales, económicas, laborales y de cualquier tipo. Horas antes de que en la Plaza de la Armería del Palacio Real la emoción de toda España cristalizase en la llama votiva que presidió la ceremonia, desde la caverna mediática se insistía en la ‘cicatería’ del presidente Sánchez al renunciar a un funeral religioso al uso, sustituyéndolo por un acto laico de propaganda personal y acusándole, incluso, de utilizar a la figura del rey para tan aviesas intenciones. Vista la dignidad, sobriedad, respeto, representatividad de asistentes y el sentimiento de las palabras allí pronunciadas, cuantos esto pensaban quedaron en evidencia, al igual que quienes negándose a asistir al mismo demostraron que sus solemnes proclamas valen mucho menos que una medalla de hojalata.
Han tenido que transcurrir más de cuarenta años, desde la aprobación de la Constitución, para que en nuestro país se haya organizado un homenaje de Estado de esta magnitud y trascendencia sin vincularlo a una ceremonia religiosa. En los años de la Transición, el presidente Suárez dijo una de aquellas frases suyas que tanto éxito mediático tuvieron: «vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal». Parafraseándole, bien podríamos indicar hoy, que con la ceremonia del jueves, se ha normalizado, y desdramatizado, que democráticamente es saludable organizar un homenaje civil de Estado, abriendo los brazos para que todos, sean cuales sean nuestras convicciones políticas o religiosas, pudiéramos sentirnos identificados y unidos en el dolor, la solidaridad y el consuelo a quienes han perdido a sus seres queridos. Lo acontecido esta semana refuerza la idea de que, como ocurre en numerosos países, lo religioso pertenece a la esfera íntima y personal de cada ciudadano, y como tal debe ser valorado y respetado por los poderes públicos, máxime cuando nuestro texto constitucional proclama que ninguna confesión tiene carácter de estatal. Ya tenemos precedente para el futuro y, mal que a algunos les pese, el mismo quedará anotado en el haber del actual gobierno de coalición.