El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está en el ojo del huracán tanto por los informes o dictámenes que está obligado a emitir sean o no vinculantes según está pautado, como por la cuestión de fondo, el cumplimiento de las normas para que sus vocales cesen en sus mandato en tiempo y forma y se produzca su renovación.
Cuando el presidente del PP, Pablo Casado afirmaba ayer por la mañana que esperaba que el CGPJ no considerase idónea para el cargo a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, por falta de imparcialidad, por haber sido miembro del Gobierno de Pedro Sánchez no se sabe si expresaba una opinión política, o un deseo para que se convirtiera en orden a los vocales del CGPJ que conforman la mayoría conservadora del órgano de gobierno de los jueces, porque fueron nombrados a propuesta del PP. La decisión sobre Dolores Delgado es solo un lance en el día a día del CGPJ porque su dictamen ni tan siquiera es vinculante como ocurre en otras ocasiones, aunque es la antesala de la bronca monumental que se vivirá en el Congreso cuando sea examinada por la Comisión de Justicia.
La actual composición del CGPJ, con diez vocales nombrados por el PP y siete del PSOE obedece a un pacto alcanzado entre el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el entonces secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dos meses después de que el anterior, que había tardado dos años en renovarse, terminase su mandato. Aquel acuerdo fue considerado una traición por parte de determinados sectores de la judicatura porque el PP pedía que la mayoría de los vocales fueran elegidos por los propios jueces.
La renovación del CGPJ presidido por Carlos Lesmes, que se encuentra pendiente desde el mes de diciembre de 2018, se frustró por el conocido wasap del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de que con el nombramiento de Manuel Marchena al frente del órgano de gobierno de los jueces se controlaría la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”. Ahora el PP no desea abordar la renovación del CGPJ con el argumento de que no quiere politizar la justicia, tomando como rehén a esta institución a la que causa un grave daño a su imagen.
Quizá lo que pretenda es mantener la mayoría de la que ahora disfruta y que dejaría de ostentar con la renovación. O puede que pretenda reproducir lo que ocurrió con el CGPJ existente cuando Rodriguez Zapatero llegó al poder, que informaba en contra todas la leyes socialistas aunque no fuera preceptivo su dictamen. En aquella etapa el ariete contra el Gobierno lo constituyeron los jueces Francisco José Hernando y Enrique López, que luego llegarían a magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del PP, mientras que el segundo, además, es el recién nombrado secretario de Justicia e Interior del PP. Por lo pronto el CGPJ ha regañado al vicepresidente Pablo Iglesias, por sus palabras sobre la humillación del Supremo por la justicia europea, sin que el propio Tribunal hubiera pedido amparo, como en otras ocasiones
Frente a la posición renuente del PP, Vox ha decidido participar en la renovación de los ´órganos constitucionales –CGPJ y TC-. Mientras se cambia o no la ley, al menos quiere participar en el reparto de cargos como tercera fuerza política que es.