El último informe sobre las importaciones de miel que entran en Europa de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), deja poco margen ya a la propia Comisión para resistirse a regular un etiquetado frontal, garantista, que defina los porcentajes de mezcla y los orígenes de esas mieles.
Porque si se trata de preservar los derechos de los consumidores con una información clara, inequívoca y una trazabilidad segura, no parece de recibo la inacción política tras haber quedado demostrado que el 46 por ciento de esas importaciones no cumplen la normativa, siendo descaradamente fraudulentas en un 74 por ciento, en el caso de las que vienen de China, o del 93 por ciento si hablamos de las que llegan de Turquía.
En el último consejo de ministros de Agricultura de Bruselas, celebrado hace justo una semana, un conjunto de países, también España, insistieron en la urgencia de impulsar un cambio profundo en la legislación para hacer lo que intentó nuestro país hace tres años en el Real Decreto que había pactado con el sector apícola y que después tumbó el propio Ejecutivo comunitario por no ajustarse a la directiva en aspectos fundamentales como los que ahora podrían negociarse.
Las organizaciones agrarias ven una burla permanecer de brazos cruzados estando el sector apícola amenazado por competencia desleal y falta de rentabilidad cuando todos sabemos que es estratégico no tanto por la producción de la miel, sino por la vida que genera esta pequeña ganadería. Sin polinización, no hay alimentos.
Sin embargo, algo falla en nuestras fronteras a la vista de otro informe. El que han elaborado los productores de ajo de la mesa nacional y presentaron en la última reunión celebrada hace siete días en Las Pedroñeras, en Cuenca. Con los datos de aduanas en la mano sospechan que -otra vez China- burla el contingente de ajo fresco a bajo arancel haciendo trueque con las temperaturas de las partidas de congelado que clasifican las mercancías. Y aportan como prueba la entrada de más de 60.000 toneladas en la campaña 2019 cuando su cupo es de 45.500 toneladas.
Ambos ejemplos evidencian fallos graves en la supervisión de mercancías, o al menos, normas ambiguas que esquivan sin dificultad los especuladores sin que después sea igual de sencillo demostrar la burla. Cosa que en un mercado como el chino no ocurre como saben bien las empresas de nuestra región o de cualquier punto de nuestro país cuando quieren vender en el gigante asiático.
Para entrar allí, la burocracia, los permisos son tan tediosos, herméticos y en ocasiones arbitrarios que solo con paciencia se supera o bajo la seguridad jurídica de los acuerdos preferenciales.
Ahora se están negociando o revisando algunos de esos marcos y es ahí donde parece que Bruselas está empezando a exigir la reciprocidad que estos años brilló por su ausencia. No son las prometidas cláusulas espejo que también se han anunciado en diversos debates políticos en Europa, pero sí un compromiso de hacer las cosas bien, con un nivel de exigencias al menos equiparable que nuestros agricultores y ganaderos entiendan y sientan con la protección que merecen.