Desde hace casi nueve meses estamos hablando de la pandemia. Está dicho o escrito todo o casi todo: la nefasta gestión del Gobierno, las mentiras sobre el número de fallecidos, el tratamiento ideológico del tema más que el sanitario, la violación de los derechos fundamentales sin suficiente cobertura constitucional, la política “marketing” que plantea cuestiones ajenas para distraer la opinión pública de lo que verdaderamente le preocupa, etc., etc., etc. Y seguiremos ahora con la nueva declaración del estado de alarma.
Pero hay una perspectiva desde la que la pandemia no ha sido abordada como es la del humanismo cristiano. Y es lo que me propongo en esta colaboración.
He reiterado en ocasiones anteriores que el humanismo cristiano se apoya en dos ejes: la persona y la comunidad. Entre todos los humanismo es el único en afirmar que la persona es un ser trascendente, es decir, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios con todo lo que ello significa: estar dotado de una dignidad que se traduce en su libertad y en ser titular de unos derechos naturales (ahora llamados fundamentales o humanos) que no pueden limitarse a capricho.
Pues bien, la persona así concebida no solo es titular de tales derechos, sino que también asume unas obligaciones como consecuencia de estar insertado en una sociedad determinada. En la situación de pandemia que vivimos estas obligaciones se hacen patentes y necesarias, de manera que el cumplimiento de las impuestas por razones sanitarias o de seguridad, no solo son obligaciones legales sino que son también obligaciones morales.
Esta es la perspectiva que aporta el humanismo cristiano. No es solo cuestión de mascarillas o de distancias de seguridad. Se trata de que toda actividad social organizada contraviniendo las normas sanitarias (ocio nocturno, botellones, fiestas estudiantiles, reuniones privadas, etc.) supone una grave infracción del orden moral y no solo legal.
Con frecuencia se apela a la responsabilidad individual para el cumplimiento de la normativa sanitaria y de seguridad. Pues debe decirse alto y claro que esa responsabilidad individual no es solo jurídico/sanitaria sino que también lo es moral.
En relación con la comunidad, tenemos también reiterado que puede ser política (los poderes públicos) o puede ser social (la sociedad civil). Los poderes públicos han fallado estrepitosamente en la gestión de la pandemia. Han improvisado, han mentido, han impuesto limitaciones de los derechos fundamentales sin suficiente cobertura constitucional, han hecho prevalecer la propaganda sobre las medidas sanitarias necesarias, han aprovechado la pandemia para abordar reformas no urgentes (como por ejemplo la llamada ‘memoria democrática’ o la reforma educativa) y no han sido capaces de prever con las medidas adecuadas la segunda ola. Por todo ello y mucho más, los poderes públicos deben pedir perdón a los ciudadanos. La cuestión está en que el ciudadano solo puede expresar su indignación mediante el voto y ello cada cuatro años.
En contraste total con los poderes públicos, la sociedad civil ha sabido responder y comportarse ante la grave situación cumpliendo las obligaciones que le eran impuestas, con excepciones minoritarias. Y dentro de lo que es cumplimiento, es un deber tanto cívico como moral destacar el comportamiento de los sanitarios de todos los niveles, tanto de la sanidad pública, como de la privada (con frecuencia ignorada u olvidada), que dan a diario ejemplo de entrega y compromiso.