Barrio de Santo Tomé

Juan Ignacio de Mesa


Tribunal Supremo

No voy a hablar del Procés, tema cansino donde lo haya. Se trata de un fallo emitido por el Supremo, en un procedimiento iniciado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) que puede haber pasado desapercibido para muchos pero que tiene una gran trascendencia en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía y, especialmente, en su condición de contribuyentes.
El paso de Cristóbal Montoro por el Ministerio de Hacienda tuvo sus luces y sus sombras, entre estas fue el crear una dinámica de acoso a todo contribuyente al que consideraba culpable mientras no demostrara lo contrario, así como el sacar dinero de donde fuera y como fuera. Así, mediante el Real Decreto 1073/2017, vino a modificar determinados artículos del Reglamento que desarrolla la Ley General Tributaria, y en concreto se le ocurrió fijar unas costas en cualquier procedimiento que iniciara un contribuyente. El Supremo ha venido a poner orden, anulando el artículo 51,2 del citado RD, que regulaba el pago de dichas costas, lo que permite que un contribuyente pueda actuar sin la espada de Damocles de tener que asumir costes excesivos en la defensa de sus derechos. Pero otra cuestión importante que este fallo tiene es que mete un varapalo a Hacienda y al Legislador, al indicar que el citado Artículo anulado no respetaba el principio de seguridad jurídica. Viene a decir el Supremo que la norma introducida por el ministro Montoro es nula por imponer un sistema genérico en la imposición de costas independientemente del procedimiento que se tratara, con lo que dicha costa se convertía, en si mismo, en una ‘tasa’ o ‘sanción’.
Literalmente dice en uno de sus párrafos que el legislador «debe perseguir la claridad y no la confusión normativa (…) que los ciudadanos sepan a que atenerse». La sentencia tiene párrafos gloriosos que la extensión de esta columna no permite reproducir en su totalidad, pero es una lectura recomendable por lo que supone de llamada de atención del Alto Tribunal sobre la inseguridad jurídica generada en el ámbito tributario.