Hay historias que resultan cíclicas, negociaciones que parecen no terminar nunca, y que vuelven al primer plano de la actualidad con mayor o menor intensidad, según concurran los acontecimientos.
   Haciendo memoria, reparo en que dentro de unos días (23 de mayo) se cumplirá un año justo desde que las cooperativas vitivinícolas de Castilla -La Mancha cerraran filas con las organizaciones agrarias (ASAJA, UPA y COAG) para consensuar una norma de comercialización que permitiese intervenir el mercado y ordenar retiradas de posibles excedentes de campañas, antes de acumularse con los de la siguiente. Veníamos entonces de meses raros en ventas y volúmenes que empezaban a pesar en los depósitos al tiempo que la viña cernía. Nada hacía presagiar -sin embargo- que la madre naturaleza corregiría después los temidos desequilibrios con una vendimia que al final se quedó más bien corta por la sequía, los pedriscos y los calores.
   El proyecto pasó al ámbito nacional, no quedó en suspenso, y se elevó a la Interprofesional del Vino de España (OIVE), el único órgano que representa a la totalidad de los eslabones de esta cadena: productores e industria que doce meses después, a pesar de algunos avances, no ha podido culminarse. Dicho trabajo venía coordinándose con diversas instituciones y con el propio Ministerio de Agricultura que tendría que reclamar en última instancia el aval de Bruselas sabiendo que la ‘OCM única’, la reglamentación comunitaria, contempla la posibilidad de acuerdos entre organizaciones de productores. Había margen legal.
   En dicho modelo autorregulatorio ya se hablaba -como ahora- de limitar los rendimientos vitivinícolas a unos máximos por hectárea, lo que desató bastante debate interno, especialmente por la discrepancia de algunos bodegueros y de algunas zonas productoras. También de almacenamientos temporales en escenarios turbulentos y de destilaciones obligatorias para alcohol y vinagrería. El camino estaba trazado, a pesar de los baches que dejó alguna tormenta interna.
   Pero por sorpresa, el coronavirus irrumpió en la vida de todos precipitando la peor crisis imaginable que obligará a pisar el acelerador para evitar el tsunami de vino en tantas bodegas y cooperativas cuando quedan menos de 100 días para vendimiar.
   La estrategia cambia, ya no puede ser la misma, puesto que el problema no es estrictamente nacional. De hecho, Italia y Francia valoran igualmente derivar grandes partidas de vino a la destilación (con fines industriales) para evitar el naufragio; en el conjunto de los tres grandes países vitivinícolas, las cooperativas hablan de ‘quemar’ un total de 10 millones de hectolitros (sumando los 2 que piden aquí).
   Por tanto, estaríamos ante la urgencia de un rescate en toda regla, tal y como ha reglamentado Bruselas para el ovino, caprino, vacuno, leche y quesos, con un esquilmado presupuesto de 80 millones de euros, según la valoración de las organizaciones agrarias. Incluso para el propio ministro de Agricultura, Luis Planas, que volverá a exigir el miércoles en la videoconferencia con sus colegas europeos un esfuerzo adicional, la apertura del fondo de crisis de 470 millones, también para la vitivinicultura española.
   De momento, Bruselas calla y otorga margen de maniobra aunque dentro los respectivos Programas de Apoyo al Vino (PASVE) que en nuestro caso,  inyecta cada período PAC unos de 1.250 millones de euros a través de líneas como la reestructuración del viñedo, inversiones en bodega, promoción en terceros países, o destilación de subproductos. Y es ahí donde habrá que rebuscar algunos dineros que otros ejercicios, por cierto, acaban retornando a las arcas comunitarias por no gastarse.
   En un cálculo aproximado, el sector cree que podrían salir unos 60-70 millones de euros de remanentes. Solo la destilación de emergencia española, a un precio de 2,50 (eur/hgdo) como sugieren los cooperativistas «para frenar la especulación», absorbería el grueso de la supuesta partida. Lo demás, ya veremos quién lo paga.